Buenos Aires, 25 de octubre de 2007.

CNº 15552/07
Juz. 6
25.10.07

Sr. Juez Federal:

Ricardo Patricio NATALUCCI, ex técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 1980-1985, ex supervisor de metodología y fórmulas de cálculo del Indice de Precios al Consumidor (IPC) 1982-1985, ex asesor de la Secretaría de Planificación de Presidencia de la Nación 1986-1991, DNI 8.464.942, casilla de correo electrónico ricardonatalucci@indec.com.ar y titular legal de los sitios web www.indec.com.ar, www.nuevoindec.com.ar, www.noticiasdelindec.com.ar, formulo denuncia contra Roberto LAVAGNA, Gerardo MORALES, Javier GONZALEZ FRAGA, Claudio LOZANO, Daniel FAZIO, Luis BECCARIA, Norma PIZARRO, Heber CAMELO, Adriana SEMORILE, Jacob RYTEN, Graciela BEVACQUA, Cynthia POK, el empresario periodístico Nelson CASTRO y otros, por los delitos de conspiración, asociación ilícita, tráfico de influencias, extorsión, fraude, y falsedad ideológica en documento público.

Los acusados, con el apoyo del conjunto de la prensa y de otros sinvergüenzas, y a sabiendas de la falsedad de lo que afirman, vienen simulando que las irregularidades en el IPC y la falta de credibilidad en el INDEC se originaron en enero de 2007 y que fueron causadas por la intervención del gobierno de KIRCHNER, cuando la realidad de los hechos demuestra que las verdaderas manipulaciones en el IPC y la falta de credibilidad en el INDEC datan de hace décadas, y sus autores, cómplices y encubridores son justamente quienes están produciendo ahora una conspiración contra el gobierno, atentando contra la estabilidad económica, actuando por medio de engaños e infundiendo temores contra la tranquilidad pública y contra el bienestar de la inmensa mayoría de la población.

El análisis del relato de los hechos y de la prueba que aquí presento, y que abarcan en lo esencial desde 1983 hasta la actualidad, muestra también la verdad sobre el enfrentamiento que existe desde fines de 2006 entre el gobierno de Néstor KIRCHNER y la corporación que maneja internamente al INDEC desde hace décadas, -que como se verá es muy diferente a lo que viene diciendo el periodismo- así como también permite entender la relación no siempre sencilla que se produce entre factores aparentemente disímiles como son los vínculos de directivos gremiales y del INDEC con determinadas consultoras privadas, la exclusión social planificada, la persistente pobreza, y el endeudamiento público.

De esta manera, aunque esta DENUNCIA, por la amplitud, y por la gravedad institucional y social de lo que denuncio excede en mucho las que se tramitan actualmente en sede judicial por el tema INDEC, explica también adecuadamente los hechos concernientes a ellas, hasta el punto de que surge aquí en los hechos que no hubo de parte del actual secretario de Comercio Guillermo MORENO ni de parte de la actual directora de IPC Beatriz PAGLIERI ninguna de las actitudes que los conspiradores les atribuyen, por lo que solicito que se considere por su amplitud a la causa que nazca con esta denuncia como causa principal o MEGA CAUSA –de la cual solicito asimismo se me tenga por parte-, y al mismo tiempo se la considere, en los aspectos que a ello conciernan, en las actuaciones que está llevando a cabo el Juez Nacional en lo Penal Económico Rodolfo CANICOBA CORRAL en los asuntos conexos que su juzgado tramita.

De la misma manera, entender como funciona el IPC y como han sido los hechos verdaderos relativos al IPC -casi desconocidos por la población, y en cierta medida hasta por los políticos- durante estos veinte años, permitirá la correcta toma de decisiones por parte del gobierno para encarar la democratización y transparencia del indicador y para evitar ser mal asesorados como lo fueron antes otras administraciones de gobierno por la corporación y por técnicos de otros países que en muchos casos no son ni tan honestos ni tan capaces como podría pensarse, y ayudará a la población a ejercer el monitoreo viendo que realmente se hagan los cambios correctos y no se retomen procedimientos antidemocráticos, ocultos e ineficientes que tanto daño han hecho al país. El conocimiento por parte del pueblo de la metodología que se elija para el cálculo del IPC tiene también el interés de anticipar políticas, porque los índices de precios se eligen de acuerdo a las políticas que se planean implementar, de manera que si se vuelve a practicar discriminación contra los más pobres en el próximo sistema de IPC será un fuerte indicio de que se piensa practicar discriminación social contra ellos en la vida real, si se vuelve a implementar un IPC plutocrático será indicativo de que se estará tendiendo a una sociedad plutocrática en la vida real.

Los números entre paréntesis refieren a documentos adjuntos, los que se irán completando en la medida de las posibilidades o a solicitud de ese juzgado, y se irán digitalizando y agregando paulatinamente también en el sitio de Internet www.indec.com.ar como enlaces para mejor referencia de los lectores.

HECHOS: Entré a trabajar en el INDEC en 1980 en el proyecto de un nuevo sistema de medición de la inflación como supervisor de campo (1). A raíz de la guerra de Malvinas en 1982 el operativo de campo quedó relegado y debí pasar a cálculo. Hacia 1983, siendo yo supervisor de cálculo en el proyecto del nuevo IPC, y por pedido pertinente de la estadística Leonor CHERVONKO (que no está involucrada en lo que aquí denuncio), y del director de Metodología del IPC Heber José CAMELO, elaboré un sistema matemático propio (2) destinado a detectar cierto tipo de errores en la cadena de cálculo, técnicamente llamados errores de aproximación. Ellos me dijeron que existían sistemas para calcular los errores de aproximación... que alguna literatura habían encontrado de cómo calcular ese tipo de errores, pero que los métodos que habían encontrado eran demasiado burdos los unos y demasiado complicados de llevar a cabo los otros, es decir que éstos últimos tenían mas bien un interés teórico. Querían algo intermedio, es decir algo que llegara a un buen resultado pero que fuera práctico. La verdad es que aún al día de hoy no sé si el método que diseñé es totalmente correcto, o si ya alguien en algún lugar habrá propuesto las mismas fórmulas, el caso es que con ese sistema diseñado por mi detecté ciertos cambios que acordamos que sería conveniente realizar (3). Heber CAMELO estaba muy entusiasmado con el sistema matemático que yo había desarrollado, y con los resultados obtenidos; sonreía satisfecho, y me daba la impresión de que me estaba poniendo a prueba para encarar ya mismo otras cosas. Entonces me encomendó redactar una metodología de los tabulados numerados 1 al 25, que eran los que ya estaban confirmados y aprobados, es decir los que ya tenían una estructura definitiva. Entendí que no buscaba detectar errores sino tener una compilación ordenada, sobre todo para nuestra propia claridad. Quería algo así como una descripción de para que servía cada uno de los tabulados -es decir qué información brindaba-, y de cómo se llegaba a esos resultados. Le sugerí hacer una descripción por medio de las fórmulas matemáticas que utilizábamos en cada uno de ellos, y también una descripción textual, ambas cosas por separado, aunque las iría resolviendo a la par. De paso si alguna fórmula no se había especificado nunca yo la agregaría en base a las instrucciones que le enviábamos a cómputos –como yo era el único del grupo que sabía programar computadoras hacía también a menudo de nexo entre la dirección del proyecto del IPC y los programadores de la dirección de cómputos (SCD)-.

A Heber CAMELO le gustó la idea de prolijar y compendiar las fórmulas por separado del texto y el resultado fue el que aquí adjunto (4), donde, fui dejándome de un día para otro el cuadro número diez, porque había algo que no me “cerraba” en la fórmula que habían diseñado los especialistas para ese cuadro. Era algo vago, como una sensación de que estaba mal, pero en la oficina, con los ruidos y el ir y venir de la gente –compartíamos una oficina con quienes calculaban el IPC que estaba en uso en esos años, a cargo de Miriam FISHMAN- a veces se hacía difícil concentrarse y trataba de razonar sobre esa fórmula una vez que dejaba la oficina, o por la noche, o mejor aún al caminar, porque podía pensar más tranquilamente.

Fue así como siempre dentro de mis funciones específicas, detecté una fórmula que, dependiendo del lugar de compra, reducía los precios de los alimentos a la mitad, a la cuarta parte, y aún en algunos casos a menos de la décima parte de su valor verdadero (5). Esa asombrosa fórmula había sido diseñada, aprobada, y testeada durante años por Norma PIZARRO de PEREIRA y Adriana Noemí SEMORILE (6), entre otros altos funcionarios del INDEC que ahora acusan falsamente al gobierno y participan del complot de desestabilización, sin que manifestaran en sus testeos objeción alguna, y la sola existencia de esa fórmula da por tierra con el argumento esgrimido por el INDEC durante todos estos años según el cual los autores del sistema de IPC del INDEC son técnicos de probada idoneidad que se han limitado a cumplir recomendaciones internacionales, ya que la fórmula es, como dije, de autoría local, es de una gravedad incompatible con cualquier calificación de idoneidad, no registra antecedentes en el exterior, y su efecto es distorsionar los precios verdaderos reduciendo sistemáticamente los de los alimentos y bebidas, ya que para esos precios se planificó esa fórmula. Junto con mi observación de que la fórmula detectada era errónea, propuse la fórmula que considero correcta (7). El Licenciado Heber José CAMELO –también integrante de la conspiración de este año 2007 y principal responsable directo de la metodología de IPC- me confió entonces –año 1983- que nos habían contratado para hacer un fraude, que el gobierno militar era ajeno a eso, y que dicho fraude respondía a grandes intereses económicos y políticos internacionales.

A partir del descubrimiento de estas distorsiones, y de la confesión de CAMELO, comencé a sufrir un sinfín de amenazas y gravísimos atentados contra mi vida, los que persistieron hasta no hace mucho tiempo y resurgen de cuando en cuando.

Luego de detectar esa primera gran fórmula distorsiva seguí encarando mi trabajo hacia las fórmulas centrales de la metodología que se estaba preparando, -siempre alentado por CAMELO pero con un ambiente muy tenso por parte de otros funcionarios-, y así fui llegando a la conclusión de que efectivamente había fraude, y que con la puesta en uso de un índice así se estaría practicando discriminación ilegítima e inconstitucional en contra de los sectores más pobres de la población, y se estaría quitando participación a los artículos de primera necesidad para favorecer en el índice a los artículos y servicios suntuarios que solamente pueden consumir los más ricos.

Sé que parece extraño, pero CAMELO se alegró que yo haya llegado a esa conclusión y me dijo que él no podía enfrentarlos porque necesitaba el trabajo. Dijo que en Uruguay -su país de nacimiento-, alguien que con el tiempo había llegado a ser un importante político le robó la “tesis” en la universidad, y que luego había tenido dificultades para conseguir un buen empleo en su especialidad, y que aquí se lo habían ofrecido. Me propuso hacer lo que él llamó una gran partida de ajedrez –en sentido simbólico-, y me dijo que quería que yo hiciera lo que a él le gustaría hacer, es decir desenmascarar el fraude. Agregó que calculaba que yo no tendría ninguna posibilidad de ganar, que además haciendo eso no tendría ascensos ni cargos aunque sí responsabilidades porque si me daban ascensos tendría más peso mi denuncia, y que además el estaría jugando –siempre en sentido figurado- en mi contra, que llegado el caso negaría todo, que si le convenía me haría expulsar, que si se le complicaba mucho se apartaría de la dirección de IPC, pero que aunque me costara creerlo él quería que yo ganara. Por supuesto interpreto que a lo que se refería no era a que quería que ganara yo, sino que ganara lo que me encomendaba que hiciera, es decir desenmascarar el fraude. No recuerdo si acepté en seguida o me tomé dos o tres días para pensarlo, pero acepté y lo vi feliz con mi decisión.

Y así comenzó lo que CAMELO llamó un juego de ajedrez, y con el tiempo fui viendo que jugó realmente sus piezas tal como había dicho.

El año 1984 fue tranquilo, como si los ajedrecistas se estudiaran. Yo seguía haciendo controles sobre los procedimientos de cálculo y control de consistencia y coherencia sobre los tabulados (8).

El año 1985 en cambio fue muy particular. Comenzó la Encuesta de Gastos de los Hogares hacia enero o febrero. Oí que se hacía desde un edificio al que llamaban Tejedor, supongo que se referían a que estaba ubicado en la calle Carlos Tejedor, -si es que hay una calle que lleve el nombre de Carlos Tejedor- pero nunca estuve allí y ellos decían simplemente “en Tejedor”. El grupo original se había dispersado, yo había quedado en el edificio en el que había trabajado siempre, desde mi ingreso en 1980, es decir en el Ministerio de Economía, en una oficina que era nueva para nosotros y cuyas ventanas daban hacia el lado del Río de la Plata. Trabajaba con CAMELO y con unos técnicos que se habían agregado ese año, algunos de ellos muy buenos, muy capaces. También se había agregado al grupo un técnico llamado EPSTEIN... Eduardo EPSTEIN, si no recuerdo mal. Me parece que cuando unos años después analicé la metodología del índice de pobreza vi allí su nombre como autor o coautor de la misma, y lo recordé tal cual lo había conocido. Adriana SEMORILE estaba furiosa porque –dijo- una encuestadora había quedado “preñada” –usó esa palabra-. “Lo único que nos faltaba”, agregó. Mi tarea no tenía nada que ver con la encuesta, sino que era exclusivamente sobre la metodología, pero me quedó muy grabada esa frase. Debía ser algo muy útil el nuevo IPC para que el anuncio de una futura nueva vida se tomara así, como un problema. Ocultaban mis trabajos porque vendrían técnicos de Francia y de otro país (creo que primero dijeron que de España, pero a veces decían que vendrían de Italia. Yo para ese entonces ya me había dado cuenta de que lo importante para ellos era que viniera algún técnico del exterior lo cual les permitiría decir que la metodología había sido diseñada con el aval de expertos franceses, o de otros países, ocultarles mis objeciones a la metodología, o conseguir alguno al cual pudieran inclusive mostrárselas, como fue después el caso del portugués canadiense Jacob RYTEN, que terminó uniéndose a la corporación y literalmente se quedó a vivir, llegando a formar parte activa en este año 2007 del complot de desestabilización contra el gobierno argentino). En esos días de 1985 estaba -como dicen en el campo-, revuelto el avispero. Cuando se implantó el Plan Austral dijeron que posiblemente no conviniera usar los meses de encuesta que ya estaban hechos, que sería mejor tirar esas encuestas, aunque no se había decidido todavía, y entonces volví a recordar la expresión de SEMORILE sobre la encuestadora embarazada. Debía ser algo muy bueno el Plan Austral para considerar la posibilidad de tirar cinco meses de trabajo que tanto había costado –me dije.

Con los nuevos técnicos, -especialmente con algunos que investigaban aspectos teóricos y no estaban involucrados en el fraude- el ambiente era bueno, inclusive diría muy bueno, pero la cosa allí para mí, sabiendo que tenía que esconder mis trabajos cada vez que algún técnico de otro país estaba en el edificio y sabiendo también que se estaba adaptando la muestra al Plan Austral, no daba para más.

Quien había sido mi profesor de matemáticas en un curso –José Luis REPETTO- me ofreció ir a trabajar con él, en programación COBOL, en el séptimo piso, y acepté. Heber CAMELO aceptó también mi pedido de traslado, pero no significaba una tregua en la partida de ajedrez. Eso ya no se podía detener.

A pedido del entonces director general del INDEC, Luis BECCARIA, -otro de los complotados en el actual plan de desestabilización- redacté un informe (INFORME NATALUCCI año 1985), en el cual propuse que en lugar de alterar solapadamente el IPC -no usé esas palabras- lo dejaran sin alteraciones, y que calcularan un nuevo índice adicional que representara el mercado sin tener en cuenta los verdaderos consumos de las familias, si era eso lo que deseaban. (9).

El ejemplar número tres del INFORME NATALUCCI de 1985, que es el ejemplar que estaba destinado al director del INDEC, fue recibido en mano por BECCARIA el 24 de abril de 1986, firmando BECCARIA el recibo correspondiente (10)

En el equipo de REPETTO, bajo la dirección del Capitán Contador ABDELNUR y compartiendo una terminal de computadora conectada al centro de cómputos del piso 12 con José Luis RIAL estaba muy a gusto, había muy buen clima de trabajo y los proyectos en los que estábamos eran interesantes. Tal vez por eso CAMELO, o BECCARIA no me renovaron la autorización pese al pedido de aquellos con quienes estaba trabajando, y me dijeron que me necesitaban en el octavo piso, en el proyecto de cálculo de las matrices sectoriales.

La etapa en la cual más se consolidó el fraude de la metodología que se estaba preparando mientras tanto en el IPC corresponde justamente al comienzo del Plan Austral que narré unas líneas más arriba (año 1985). El plan había sido ideado por Juan Vital SOURROUILLE con la participación de Roberto LAVAGNA –involucrado asimismo en el complot de desestabilización de 2007 y destinado a ser el principal beneficiario político de dicho complot si surtía efecto-. El desarrollo propiamente dicho del fraude en el IPC continuó durante toda la gestión de Luis BECCARIA como director del INDEC, y BECCARIA se fue involucrando personalmente cada vez más en las manipulaciones metodológicas. En la encuesta que como dije se llevó a cabo en aquel año -y que se utilizó luego para calcular los precios durante toda la década de los años noventa-, el actual complotado BECCARIA hizo caso omiso del principio de objetividad estadística al recortar a posteriori la encuesta de gastos de los hogares para acomodarla a aquellos meses que presentaban mayor estabilidad de precios, tal como se sugería que podría hacerse cuando me alejé. Miles de cuestionarios fueron hechos desaparecer por BECCARIA porque no convenían a sus propósitos de acomodar las estadísticas para favorecer al calamitoso Plan Austral y a sus sucedáneos, y se decidió ampliar el sesgo plutocrático con relación a lo que se estudiaba en 1982 y 1983.

Siguieron dos años durante los cuales seguí haciendo pacientes intentos para que se solucionaran las irregularidades internamente, para que no se afectara la confiabilidad en el INDEC y su buen nombre ni se comprometieran las instituciones (11), pero el único sector administrativo que respondió con honestidad a la situación fue la oficina del entonces secretario de Planificación Bernardo GRINSPUN quien tomó personalmente medidas positivas para el esclarecimiento de los hechos y encomendó a su hombre de mayor confianza René ORTUÑO que investigara lo que estaban haciendo BECCARIA, CAMELO, y el resto de los involucrados, no solamente en cuanto al fraude en el IPC, sino también en el negocio del uso ilegal de información confidencial y en la desaparición de información confidencial de la secretaría de Planificación por parte de Edgardo LIFSCHITZ –uno de los cómplices de BECCARIA en esos negocios-

El 5 de mayo de 1987, habiendo fracasado el último intento de hacer entrar en razones a BECCARIA, le hice llegar al presidente de la Nación Raúl ALFONSIN una nota oficial –a la cual la oficina del presidente posteriormente le asignó, según se me informó, el número 001-0112446-0-0000- informándolo de la existencia de problemas en el futuro sistema de IPC. (12). Adjunta a la nota iba otra "De carácter confidencial y reservado" –habiendo pasado tantos años estimo que se puede considerar desclasificada, de todas formas ya la publiqué en el año 2002 en Internet- en la cual le comuniqué a ALFONSIN que de no encontrar él otra solución presentaría denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Dr. Ricardo MOLINAS hacia "fines de este mes de mayo" (13). En lugar de obtener respuesta por escrito a mi solicitud, el 21 de mayo explotó una bomba de alto poder en el Hotel Castelar (14), donde me solía reunir con amigos para tratar el tema INDEC. Años después pude averiguar que aunque posteriormente la nota en cuestión le fue remitida a GRINSPUN por el secretario privado de ALFONSIN (15), a la fecha de la explosión la nota no había salido del despacho del presidente, lo que lo involucra terriblemente si es que hay una relación entre mi nota y la bomba.

El 21 de agosto de 1987 mi denuncia se hizo pública a través de un artículo de Eduardo Víctor TUCULET para el semanario El Informador Público que dirigía Jesús IGLESIAS ROUCO (16) y con ello recrudecieron las amenazas y atentados. Ahora las amenazas provenían de un sector inesperado para mí –de la conducción del gremio ATE-INDEC (17), que antes de presentarse con amenazas de muerte en mis oficinas salían, sin ningún interés por ocultarlo, del propio despacho de BECCARIA. La denuncia por amenazas como vimos se hizo pública también y el gobierno de ALFONSIN no hizo nada para evitar que esas amenazas y atentados continuaran. El edificio del ministerio de Economía, donde aún funcionaba el INDEC y la secretaría de Planificación, daba toda la sensación de una “zona liberada” en la que los directivos de ATE-INDEC, dirigidos por el propio director BECCARIA, se movían amenazando con total impunidad. Además de las amenazas, los directivos de ATE hicieron iniciar un sumario en mi contra (18), -es decir contra un trabajador que denunciaba que en el IPC se les quitaría representatividad a los más pobres y a los trabajadores-, y traicionando a los verdaderos trabajadores llamaban –tal como siguen haciendo hoy- “trabajadores del INDEC” a los funcionarios de la corporación a quienes yo denunciaba (PIZARRO, CAMELO, SEMORILE, BECCARIA, etc., quienes forman parte importante del complot de desestabilización de 2007). De esa manera, la delegación local de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) -que trabaja honestamente y muy bien en tantas localidades del interior del país-, había iniciado en el INDEC de Buenos Aires la traición a los trabajadores, traición que continúa por parte de ATE-INDEC hasta el día de hoy. La traición a los trabajadores por parte de ATE-INDEC es doble: por un lado traicionaron a los trabajadores del propio INDEC al complicarlos en un fraude al cual la inmensa mayoría de los trabajadores del INDEC es ajena y al producir el descrédito del instituto que afecta su honorabilidad y su fuente de trabajo. Por otra parte, junto con el dirigente nacional Claudio LOZANO –otro de los principales integrantes del complot de 2007-, traicionaron al conjunto de los trabajadores del país al permitir y aceptar en el IPC la discriminación contra los sectores de menores ingresos de la población a favor de las clases sociales más ricas.

Unos días después –28 de septiembre- BECCARIA también pidió un sumario en mi contra, pero con un poco más de sentido, ya que decía considerar que de mi denuncia se desprendían opiniones a su criterio injuriosas hacia esa Dirección –es decir hacia él- y hacia otros funcionarios del INDEC. (19). Como no podían hacerme dos sumarios por el mismo motivo resultó una coproducción entre el gremio de ATE y la corporación que ya manejaba al INDEC, tal como fue la coproducción de este año 2007 entre ambos cómplices –ATE-Corporación del INDEC- para complotar contra el gobierno.

El 5 de enero en todos los diarios del país apareció un cable de la agencia DyN con la noticia de que el fiscal de Investigaciones Administrativas Ricardo MOLINAS se había declarado incompetente en mi denuncia contra el INDEC. Allí también se hacía referencia en forma destacada a mi alerta sobre lo que llamé el “efecto paradójico” del IPC fraudulento, con el cual, según mi teoría, en épocas de normalización de los mercados y expansión económica “podría llegar a desatarse una avalancha inflacionaria”. (20).

El mismo día Página 12 publicaba un artículo mío con el título “Una canasta para pudientes” donde expliqué que con lo que había hecho la corporación formada por BECCARIA, CAMELO, y sus cómplices, “una familia que gane 20 veces menos aparece representada en el índice 20 veces menos”, tal cual sucede, efectivamente. Y agregaba: “Más allá de las diferentes cifras que arrojará este nuevo sistema de cálculo, una razón ética fundamental torna inaceptable que una familia resulte menos representada que otra en el índice en razón de tener menores ingresos”. (21).

Ese mismo día, una patota me hizo recordar lo que me había advertido ATE que pasaría si seguía publicando mis denuncias. Eran muchachotes del barrio de Quilmes, mandados por uno mayor, drogadictos, alguien me dijo que también participó un conocido barrabrava de un club local. Tuvieron que acudir dos patrulleros policiales de la comisaría tercera que algún vecino habrá llamado, para dispersarlos.

Dos días después –es decir el 7 de enero de 1988- el diario La Nación publicó una carta del economista y ex secretario de Hacienda Juan ALEMANN titulada “Grave denuncia”, en la cual con su habitual claridad por supuesto no mezcla las cosas como ATE, y define correctamente mi denuncia como “contra el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), es decir, contra su titular, Luis Beccaria”. Atendiendo a la gravedad de mi denuncia, y a mis antecedentes laborales, así como a observaciones propias sobre distorsiones que BECCARIA estaba produciendo también en otros indicadores, recomienda que el INDEC sea intervenido. (22).

Al día siguiente –8 de enero de 1988- la recomendación de Juan ALEMANN de intervenir el INDEC hizo que la agencia Noticias Argentinas difundiera un cable, y apareció en los diarios de todo el país (23).

El 9 de enero BECCARIA respondió con otra carta en La Nación a la de Juan ALEMANN del día 7, y en la parte en que se refiere a mi denuncia dice textualmente BECCARIA “Con respecto al tema del futuro índice de precios al consumidor, llama la atención que estas críticas se basen en argumentos de escaso peso, ya que el mencionado Sr. Natalucci no ha tenido intervención en las tareas conducentes a la puesta en marcha del futuro índice y se ha desempeñado, hasta 1985, en trabajos menores de cálculo. Tampoco posee antecedentes laborales o formación técnica que lo habilite como para que sus opiniones puedan ser tomadas en consideración”. (24)

La bajeza de la actitud de BECCARIA se volvió en su contra y ocasionó que aparecieran desde cartas de lectores –la que se acompaña es de un economista y sociólogo, profesor de Lógica y de Epistemología de la Universidad de Buenos Aires- (25), hasta editoriales –se da aquí como ejemplo la que publicó el diario “La Prensa” (26).

Los más indignados con el bajo recurso al que apeló BECCARIA eran los profesionales y técnicos que conocían la naturaleza de mis trabajos de supervisión de fórmulas de cálculo de IPC (trabajos de los cuales presenté aquí ejemplos). Como se deduce de la naturaleza de las fórmulas que yo manejaba, al decir que yo trabajaba en tareas menores de cálculo BECCARIA está obviamente mintiendo.

El 10 de enero la Confederación General del Trabajo (CGT) se sumó al reclamo contra BECCARIA por no haber dado una verdadera respuesta a mi denuncia, ya que ellos observaban manipulaciones por parte del INDEC también en el índice que se estaba utilizando en ese momento.(27). Sé que se critica a veces a la CGT, pero en el caso del fraude en el IPC tuvieron al menos una actitud muy diferente a la que tuvo y tiene ATE.

BECCARIA en su carta, además de intentar desacreditar a quien lo había denunciado, de mentir respecto al tipo de tareas de cálculo que hacía, y de apelar a la muletilla de que los autores de la metodología son técnicos de jerarquía internacional, -las mismas palabras que en el INDEC repiten desde entonces para suplir la falta de argumentos-, apeló también a otro recurso para reducir su responsabilidad: decir que mis consideraciones se refieren a decisiones tomadas antes de su gestión, y que él comparte esas decisiones. –obviamente de haber dicho que no las compartía las hubiese tenido que cambiar, y al presentar las cosas como decisiones anteriores, licuaba su responsabilidad. Era de paso una forma de atacar a ALEMANN, porque insinuaba que esas decisiones se habían tomado durante la gestión del propio ALEMANN en Hacienda y la gestión de Juan Cayetano OLIVERO en el INDEC-. Es sabido que una de las principales cosas que he señalado es que llegué a detectar una fórmula que reducía los precios de los alimentos hasta 11 veces respecto a su precio verdadero. ¿Lo que dice BECCARIA es que eso no se debía a un error sino a una decisión? ¿Y que él está de acuerdo? ¿Pretende trasladar la responsabilidad a quien lo precedió en el cargo de director del INDEC, Juan Cayetano OLIVERO? Esa fórmula efectivamente fue diseñada por PIZARRO, SEMORILE y otros en 1981, pero eso no significa que el entonces director del INDEC estuviera al tanto, En los más de tres años que trabajé en el IPC durante la gestión de Juan Cayetano OLIVERO no tuve ni el más mínimo indicio de que conociera la distorsión de la fórmula de PIZARRO, SEMORILE y otros “técnicos de jerarquía internacional” que reducía los precios de alimentos según el lugar de compra hasta once veces, de manera que no puedo saber si hubiera ocultado el hecho de que ese tipo de distorsiones podían pasar todos los controles como hizo BECCARIA, o si por el contrario me hubiera agradecido haber encontrado el error para poderlo corregir y perfeccionado el sistema de control para evitar que vuelva a suceder algo así. Tampoco le presenté a OLIVERO un informe explicando la distorsión plutocrática que había detectado ni mi propuesta de un doble indicador para evitarla -de manera que no puedo saber si la hubiera rechazado o la hubiera aceptado-, ni me imagino siquiera como pudo OLIVERO haber tomado durante su gestión la decisión de acomodar la Encuesta de Gastos de los Hogares al Plan Austral -otra de mis principales objeciones-, siendo que el Plan Austral data de 1985 –plena gestión de BECCARIA- y la gestión de OLIVERO finalizó en 1983. La otra posibilidad es que BECCARIA se refiera no ya a todas mis “consideraciones” sino exclusivamente a mi objeción principal, es decir a la exclusión social que significa hacer una canasta que representa a los más ricos. En ese caso BECCARIA está diciendo que era una decisión, y que él está de acuerdo. Pero aún si es ese el caso, es decir si la exclusión social era una decisión que ya se había tomado antes, ¿también se había tomado antes la decisión de que BECCARIA mintiera al decir que a los sectores de menores ingresos en el nuevo índice se les daría más participación? (Clarín 20 de enero de 1989).

El 12 de enero, además de las muletillas habituales, leemos en Ambito Financiero que BECCARIA “minimiza la denuncia de Natalucci (“un funcionario auxiliar, categoría 16, que desde 1985 no participa de las tareas tendientes a construir el nuevo índice que cuestiona.)”. BECCARIA sigue descalificando en lugar de responder con argumentos, pero vemos también que ya no pretende –como en su carta a La Nación de apenas tres días antes- que no he tenido intervención en las tareas del nuevo índice, ni que mis tareas eran trabajos menores de cálculo, porque se dio cuenta de que fácilmente se demostraba la falsedad de eso. Ahora dice que desde 1985 no participo en las tareas tendientes a construir el nuevo índice que cuestiono, pero resulta que eso podría reducir la validez de mi denuncia únicamente si hubieran habido cambios importantes en la orientación del proyecto desde 1985, y él mismo había pretendido que mis consideraciones se refieren a decisiones tomadas antes de su gestión, lo que prueba una vez más que miente permanentemente y que lo único que busca con sus mentiras en intentar quitar peso a una denuncia tan contundente que no puede rebatir con argumentos.

El 14 de enero de 1988 el diario Página 12 publicó un reportaje a BECCARIA donde este, respondiendo a mis denuncias, afirma que "...el nuevo índice ... podría ser aplicado a partir de 1989 ... es decir ... que recién tendrá efectos dentro de varios años y en otra etapa de gobierno". Las palabras resultan terriblemente comprometedoras hacia BECCARIA, ya que la puesta en uso del índice, efectivamente coincidió con la asunción presidencial de Carlos Saúl MENEM, pero en la fecha en que página 12 publicó ese reportaje no podía saberse que ALFONSIN renunciaría seis meses antes de cumplir su mandato, y por consiguiente las premonitorias palabras de BECCARIA sugieren que éste conocía la caída de ALFONSIN desde mucho antes de que se produjera, desde antes de que lo supiera el propio presidente ALFONSIN, lo que no parece poder significar otra cosa que la corroboración de la existencia -ya también en esa época- de un complot de desestabilización contra una administración de gobierno, y la participación en ese complot por parte del propio BECCARIA, máxime teniendo en cuenta que BECCARIA estaba en condiciones de poner en uso el nuevo método de cálculo de IPC ya en 1987, que tal como estaba diseñado “ayudaría” a ALFONSIN, y sin embargo lo reservó para el gobierno de MENEM, siendo premiado por eso con la continuidad en el cargo (BECCARIA fue el único funcionario de alto rango de la administración ALFONSIN que fue ratificado en su puesto por MENEM).

En el mismo artículo BECCARIA, miembro permanente de la corporación ATE-INDEC y uno de los principales complotados de 2007, y a raíz de que la CGT había pedido investigar mi denuncia, afirma textualmente “Si la CGT verdaderamente cree que los índices de precios que difundimos no son reales, puede proceder a chequearlos uno por uno ya que no nos limitamos a dar sólo un número, sino que damos a conocer todos los componentes, eliminando de esa manera toda posibilidad de sospecha” Dichas palabras son una confesión de que al negar esa información actualmente al pueblo y al secretario de Comercio Guillermo MORENO no es por la ley de secreto estadístico (que es la misma que en aquellos años), y que en consecuencia ese actual ocultamiento faculta al pueblo, al gobierno democrático y a MORENO, a tener sobre los números elaborados por la corporación que integra BECCARIA una legítima y fundada sospecha.

El 20 de enero de ese mismo año de 1988 BECCARIA dice en Clarín que “entre julio de 1985 y junio de 1986 se realizó una muestra de gastos para determinar la estructura de consumo de la población”, y más adelante -en la tercer columna- BECCARIA agrega a ese respecto: “Inicialmente nosotros habíamos pensado en realizar el relevamiento de febrero de 1985 a enero 1986 pero después cambiamos de idea...”. Nuevas mentiras de BECCARIA, porque no es que habían “pensado” realizarla de febrero de 1985 a enero de 1986 y descartaron la idea, sino que “se hizo”, lo que es diferente. Participaron de la encuesta decenas de encuestadores que pueden testificar al respecto, se encuestó a miles de familias que también pueden testimoniar, y costó mucho esfuerzo y mucho dinero de los fondos públicos. Comparando las cantidades de cuestionarios facturados con la cantidad de cuestionarios que BECCARIA dejó al recortar la encuesta también puede demostrarse la malversación de BECCARIA y la continua falsedad de sus dichos. Tampoco es verdad que se haya realizado “una muestra entre julio de 1985 y junio de 1986”, como dice BECCARIA, sino que BECCARIA extendió la muestra iniciada en febrero de 1985 cinco meses más, para poder tirar luego a la basura los primeros cinco meses de la encuesta ya realizada. Tampoco es cierto que hayan hecho eso para no mezclar meses de diferente tasa de inflación, -como pretende BECCARIA-, ya que BECCARIA, PIZARRO, CAMELO y SEMORILE habían presentado inclusive internacionalmente un trabajo titulado “PROBLEMAS PARA LA AGREGACIÓN DE DATOS TEMPORALES EN ENCUESTAS DE GASTOS E INGRESOS BAJO CONDICIONES DE ALTA INFLACIÓN. EL CASO ARGENTINO” que se pretendió que era un método para hacer encuestas en épocas de gran o dispar inflación sin problemas, y a ese método lo siguió defendiendo BECCARIA aún en agosto de 1987 (Expediente 01919/87 cde 2. y otros de la secretaría de Planificación, es decir después de que finalizó la encuesta que se hizo interrumpidamente durante 17 meses (enero de 1985 a julio de 1986) y que BECCARIA recortó a posteriori para elegir los doce meses que más convenían a sus propósitos de favorecer una estructura de precios relativos determinada, dilapidando fondos públicos. Como es sabido, esa mentira de BECCARIA -al pretender que lo de comenzar la encuesta en febrero de 1985 había sido solo una idea que desecharon- es y ha sido uno de mis principales cuestionamientos a su gestión al frente del INDEC, (no solo por la dilapidación de dinero público, sino porque eso, junto con la sobre ponderación de los artículos suntuarios debida al sesgo plutocrático (S. Prais 1959) magnificado intencionalmente hasta hacer que la canasta representara a una familia de altos ingresos, contribuía a poner en riesgo la estabilidad cuando una administración de gobierno implementara una política de auto equilibrio de los mercados y lograra recuperación del poder adquisitivo.

Justamente sobre eso y todavía durante el gobierno de ALFONSIN, pero durante 1987 y 1988, había alertado yo públicamente –y mis alertas fueron publicadas por todos los diarios del país- (29) en el sentido de que el fraude preparado por BECCARIA en el IPC para adaptarlo a políticas de recesión y control de precios como las del Plan Austral se volverían en contra en caso de que un gobierno avanzara hacia la libertad de mercado y lograra cierta estabilidad y recuperación del poder adquisitivo de la población. Así alerté que el índice fraudulento de BECCARIA en esas circunstancias en lugar de dar de menos daría de más, haría que la desaceleración inflacionaria no fuera suficiente, y causaría peligro de volver a la hiperinflación.

El 22 de mayo de 1989, pese a mis reiteradas advertencias de que se estaría con eso poniendo en riesgo de hiperinflación al plan económico del futuro gobierno, BECCARIA anunció la puesta en uso del nuevo sistema diciendo que la primera variación de precios que se publicaría con el nuevo índice sería la que se difundiría a comienzos de julio (30). Recordemos que a ese momento BECCARIA lo había llamado más de un año antes y como si tuviera poderes mágicos “otra etapa de gobierno”, siendo que constitucionalmente el cambio de gobierno estaba previsto recién para diciembre de 1989, lo que indica claramente que más de un año antes, BECCARIA sabía que algo acecharía al gobierno de ALFONSIN en junio de 1989, y tal inadmisible comportamiento entiendo que amerita para que se lo considere como suficiente para presuponer participación en complot y desestabilización, semejante al plan que el propio BECCARIA integró en este año 2007, y que afortunadamente está fracasando merced a la oportuna intervención al INDEC y con el alejamiento de funcionarios pertenecientes a la corporación.

El nuevo índice de BECCARIA se presentó al periodismo de manera que distorsionara la realidad y presentara falsamente la idea de que había habido una evolución de los consumos de la población en el sentido de gastar menos en alimentos y más en esparcimiento (31), siendo que esa evolución era falsa y los datos de la nueva relación entre gasto en alimentos y gasto en esparcimiento, cultura y educación se debían en esencia a que la nueva canasta estaba distorsionada de manera tal que ya no representara los verdaderos consumos de la mediana de la población, sino que representaba ahora tendenciosamente los consumos de los más ricos, tal como demostré en los gráficos que acompañaban a la versión del INFORME NATALUCCI de 1989, que hice llegar al entonces presidente ALFONSIN a las 18 horas del 12 de junio de 1989. (32). Tres horas más tarde ALFONSIN anunciaba su renuncia.

Al resultar electo Carlos MENEM, en 1989, fui convocado a sus oficinas en la avenida Callao ese mismo día y se me asignaron interlocutores de entre sus especialistas, con uno de los cuales -Rodolfo APREDA- tuve ya en ese entonces una o dos reuniones informales. Luego de que el gobierno asumió, me consultaron sobre cuanto tiempo tardaría en ocurrir la sobreestimación del IPC que yo había advertido que se produciría al cambiar la orientación económica, y les dije que con el pronunciado descenso de la inflación previsto, y las expectativas económicas favorables, podría ser inclusive entre tres y seis meses.

Poco más de tres meses habían pasado cuando el IPC del INDEC dio varios puntos de más con relación a todos los otros indicadores públicos y privados (33) , se desaceleró la mejora, cambió la forma de la curva que debía transformarse en asintótica hacia marzo (34), y volvió la hiperinflación, tal como mis análisis habían anticipado que sucedería. Ese mismo día –el día en que el INDEC asumía que mis previsiones habían resultado acertadas y que lo que decía BECCARIA había resultado falso- apareció muerto en Uruguay de un balazo en la cabeza René ORTUÑO (35), el hombre que más sabía de las irregularidades administrativas y otras que se habían cometido durante el gobierno de ALFONSIN para tapar mi denuncia, ya que era a él a quien Bernardo GRINSPUN había pedido que investigara mi denuncia justamente contra BECCARIA, CAMELO y los otros autores del fraude. Al día siguiente Roberto LAVAGNA –principal beneficiario político del complot de desestabilización de 2007- culpaba a la conducción económica de proyectar índices demasiado optimistas (36), es decir defendía el IPC fraudulento que había preparado la corporación y culpaba a sectores de gobierno del área Comercio y Economía, estratagema parecida a la que empleó en 2007 durante el complot. Por supuesto LAVAGNA, como el resto de los economistas del país, jamás había previsto que el IPC daría de más y desataría la hiperinflación, cosas ambas de las que yo había advertido. Debe notarse además que lo que esgrimía LAVAGNA sobre exceso de optimismo era falso, ya que la discrepancia del dato de inflación no fue entre una previsión y un índice definitivo, sino entre el IPC de BECCARIA y todos los otros índices de inflación tanto públicos como privados.

Al ver que mis previsiones habían resultado acertadas, y que lo que les había dicho BECCARIA sobre las bondades del índice plutocrático y basado en los rígidos consumos del Plan Austral había resultado falso, fui consultado nuevamente por varios de los integrantes del equipo económico. Quien era en ese entonces secretario de Comercio, Pablo CHALLÚ, tenía sobre su escritorio uno de los dos únicos ejemplares del INFORME NATALUCCI que no estaban en mis manos, por lo que supuse que ahora sí se habría convencido el gobierno de MENEM de la conveniencia de poner en uso un sistema de IPC como el que yo sugería, es decir un sistema de dos índices, uno al que debería llamarse IPC que sería democrático, punta a punta, y de tipo Fisher o al menos una variante mía a la que llamé “Fisher estimado”, es decir que tuviera en cuenta que la población adapta sus consumos a la estructura de precios relativos de acuerdo entre otros factores a la posibilidad de sustitución, -sería, para dar un ejemplo, en el caso de septiembre de 2007 que la población –y en particular los más pobres- consumen mucho menos tomate, lechuga, o cualquier otra cosa sustituible y no imprescindible, y que no se trataba de terminología de si es “costo de vida” o “índice de precios” sino de que sea un índice de precios bien hecho que tenga en cuenta esa realidad- y el otro índice al que podría llamarse por ejemplo índice de precios de mercado de consumo, de tipo plutocrático y sin exclusiones, pero resultó que CHALLÚ no había entendido para nada mi propuesta, y culpaba de la sobreestimación del IPC de septiembre a los encuestadores del INDEC (una tontería porque la labor de los encuestadores es supervisada, se los va rotando, y se hacen test de hipótesis sobre lo que se denomina “efecto encuestador”) pero no hubo forma de convencerlo en su terquedad.

Como al mes siguiente –octubre de 1989- el IPC no pareció tender hacia la hiperinflación de la que mi teoría advertía -e inclusive bajó con relación a septiembre, y la baja se continuó en la primera semana de noviembre-, CHALLÚ reafirmó su confianza en el sistema de IPC que había hecho BECCARIA, así como en la hipótesis absurda que culpaba del 9,4% a los encuestadores y que BECCARIA no se había preocupado demasiado de desmentir.

Pero CHALLÚ una vez más se equivocó. Que el IPC haya seguido bajando no significaba que el impacto del 9,4% no hubiera afectado seriamente la curva asintótica deseada. Si CHALLÚ hubiese leído tal vez un poco menos de economía, y hubiese tenido algún conocimiento de las leyes de balística, o del juego del golf, es decir de la física, se habría dado cuenta del error. El IPC siguió bajando todavía un mes, o cinco semanas, por la inercia que traía. Pero lo importante era la desaceleración que había sufrido esa tendencia a causa del 9,4%. No digo que era seguro que volvía la hiperinflación. Nunca lo había asegurado en términos absolutos. Las variables del mundo económico -que pertenecen a las ciencias sociales, porque la economía es el resultado de decisiones de las personas- son tantas, que la realidad frecuentemente se parece más a las leyes de la mecánica de fluidos que a la sencilla balística, pero lo que sí puede decirse en casos como el que analizaba CHALLÚ, es que hay un punto de ruptura, aunque sea desconocido, que puede marcar la diferencia entre conseguir la asíntota o retomar el ascenso a la hiperinflación, o inclusive producir el inicio de una. Y un índice Laspeyres plutocrático, como era el de BECCARIA y es el actual, está irremediablemente destinado a producir en algún momento una sobreestimación en situaciones de bonanza, de confianza, de tendencia a dejar a los mercados que se vayan auto equilibrando, o por la simple mejora que genera el descenso de la misma inflación. Mi teoría explica también que hay una tendencia a creer demasiado en un IPC sobreestimado, y a descreer de un IPC subestimado, lo que produce que la tendencia errática se transforme en un sesgo ascendente, por lo que siempre es mejor un IPC que se ajuste lo más posible a la percepción aunque sin caer en la sobreestimación que la percepción pueda contener. Y un IPC plutocrático jamás puede ser un índice que se ajuste lo más posible a la percepción de la gente, ni lo que más tienda al equilibrio. El pobre sabe intuitivamente que si una verdura está cara es mejor comprar otra que está menos cara. El rico a veces hasta compra más si está mas cara, hasta por snobismo, por paquetería.

Dentro del caos que produjo en el país la vuelta a la hiperinflación, y en el descrédito del INDEC, -ambas cosas que yo había tratado de evitar-, BECCARIA –que en su momento se había negado a informar a la dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planificación de Presidencia de la Nación las características de la nueva metodología hasta que ya estuviera puesta en uso (37), ahora le explicaba a Moisés IKONICOFF que ya no se podía cambiar, y Moisés IKONICOFF, que sabía perfectamente aún desde antes de asumir el gobierno de MENEM de mis denuncias, decía que ya no iba a confiar nunca más en BECCARIA, que BECCARIA lo había engañado a él por su falta de experiencia, y que cuando BECCARIA decidiera regresar de sus vacaciones en Brasil lo iba a echar (38). Antes BECCARIA y el resto de sus cómplices de la corporación ya habían dejado que Orlando FERRERES y Pablo CHALLIÚ culparan a los encuestadores del INDEC (según ellos miembros de un partido socialista llamado MAS) de alterar los números en perjuicio del gobierno, pretendiendo iniciar una persecución macartista contra ellos (39), cuando los métodos de rotación y los análisis de efecto encuestador que se practican imposibilitan totalmente un accionar de esa naturaleza por parte de los encuestadores.

Paralelamente a todo esto, durante los últimos días del gobierno de ALFONSIN y los primeros del de MENEM, desde el propio INDEC y simulando que se originaban en un estudio privado llamado MINUJIN VINOCURT de la calle Alsina al 1900, los directivos del INDEC miembros de la corporación hacían llegar a los diarios un sobre con supuestos datos sobre el aumento de la pobreza que ALFONSIN les habría según ellos prohibido difundir (40), es decir que una vez más altos directivos del INDEC llevaban a cabo un método sucio que es casi un calco del desplegado sobre el asunto de la pobreza este año 2007 por Claudio LOZANO contra la administración KIRCHNER.

La confusión entre una oficina pública del INDEC y un estudio privado que he documentado no es casual. Durante esos años fui conociendo como estos fraudes practicados por los directivos del INDEC se financiaban con trabajos particulares que éstos hacían para consultoras privadas locales y del exterior, y como vendían la información confidencial –que según la ley es altamente secreta-, en el mercado negro.

BECCARIA había entregado ilegalmente a un tal Edgardo LIFSCHITZ y a otras personas ajenas al INDEC la totalidad de los cuestionarios del Censo Nacional Económico, y otros datos confidenciales sobre las empresas, -incluyendo su estado financiero- y éstos los habían llevado a sus casas, los amontonaban en sus automóviles particulares, y de allí los trasladaban luego a la Secretaría de Comercio, donde habían conseguido unas oficinas para su uso particular e ilegal (41). Del área IPC me llegaban noticias de que en esa dirección estaban sucediendo cosas semejantes. Utilizando recursos públicos los directivos hacían trabajos para consultoras privadas, y los sobres con los pagos y los obsequios pasaban por delante de las narices de los empleados, que eran ajenos a estos manejos, rumbo a las direcciones de área.

Con los sucesivos directores del INDEC, Héctor Walter VALLE, Héctor MONTERO, Osvaldo KACEF –integrante del actual complot contra el gobierno- , Juan Carlos DEL BELLO –otro integrante del plan de desestabilización- y Lelio MÁRMORA (coautor, junto con Graciela BEVACQUA, de una falsa denuncia contra el secretario de Comercio Guillermo MORENO), las cosas no mejoraron sino que fueron empeorando cada vez más. En el caso de MÁRMORA a diferencia de lo que sucede con los anteriores ex directores mencionados no tengo constancia de que haya estado personalmente involucrado en el fraude del IPC, y junto con KACEF son los dos ex directores a quienes no conozco personalmente, pero según sus allegados se trata de un hombre de carácter débil, y la corporación que ya manejaba al INDEC desde adentro, durante todos esos años se fue haciendo cada vez más fuerte por lo que el director del INDEC era fácilmente manejable por ellos.

La corporación, que por ese entonces ya manejaba completamente al INDEC, había establecido una red de intercambio de favores con las más grandes empresas de multimedios y con los más famosos periodistas que se producen a si mismos como empresarios. Lograron que todas las administraciones de gobierno que se sucedieron estuvieran de alguna manera involucradas, por acción o por omisión, por haber aceptado el fraude, lo que entendían que les aseguraría que esos gobiernos no pudieran luego atreverse a denunciarlos, quedando en sus manos. Por otra parte, a través de relaciones comerciales en unos casos, y de relaciones personales en otros, fueron tejiendo importantes lazos con agrupaciones políticas, economistas, corporaciones, y sectores influyentes de todo tipo. Por medio de una especie de proclama a la que llamaban “Cuidemos al INDEC” alertaban de falsas presiones de gobernantes hacia ellos y así, con ese ardid, se iban propagandizando a sí mismos como defensores de la verdad estadística. En ese folleto nunca mencionaban los verdaderos fraudes y mucho menos la naturaleza del fraude en el IPC que era el que más los comprometía. Construyeron frases a las que convirtieron en slogans vacíos pero repetidos, como esa de “técnicos de reconocida calidad internacional” Exportaron la metodología fraudulenta del IPC a la mayoría de los países de Latinoamérica con tal habilidad y desfachatez que presentaban como un avance la discriminación practicada contra los sectores más pobres del pueblo -a favor de representar los consumos de los más ricos-, inclusive en países como la Nicaragua sandinista de Daniel Ortega donde viajó la propia Adriana SEMORILE en 1987 para asesorar, aunque en ninguno de esos países llegaron tan lejos con la distorsión de la canasta en contra de los más pobres y a favor de los consumos de los más ricos como aquí. El único país latinoamericano de peso que no aceptó para nada la metodología de Heber José CAMELO fue Brasil, que mantiene hasta el día de hoy un sistema de doble IPC semejante al que yo había propuesto para Argentina en el INFORME NATALUCCI de 1985. El portugués y canadiense Jacob RYTEN, cómplice y participante directo del fraude realizado en el IPC de Argentina y partícipe activo del complot de desestabilización del año 2007-, les posibilitó decir que el IPC argentino estaba avalado por Canadá, argumento que nunca demostraron que sea verdad. Otras veces dijeron y publicaron que la metodología del IPC del INDEC contaba con el aval de España, cosa que los mismos técnicos españoles del INE (Instituto Nacional de Estadística de España) se ocuparon de desmentir en su reciente visita a nuestro país. Durante el gobierno de Carlos MENEM, cuando el equipo económico de Domingo CAVALLO estaba preparando la nueva base para el IPC, sufrí una serie de terribles atentados, que aparentemente pudieron ser de tipo “ablande”, porque luego de esos atentados fue repentinamente comprado el hotel en el cual yo daba clases de computación, y el nuevo dueño, el mismo día en que se hizo cargo, me hizo llegar un mensaje de parte de Héctor MONTERO, a la sazón director general del INDEC.

El IPC actual, puesto en uso en 2001 durante la gestión de Fernando DE LA RÚA, incorporó tres graves modificaciones metodológicas más: 1) Por una parte aumentaron intencionalmente mucho más aún la distorsión que produce discriminación en contra de los sectores más pobres y de la clase media y a favor de los consumos suntuarios exclusivos del 10 por ciento más rico de la sociedad; 2) Por otra parte se atribuyeron la facultad para cambiar las ponderaciones, las características de los artículos relevados, y los lugares de compra, lo que podían hacer en cualquier momento y todas las veces que quisieran sin contralor institucional de ninguna índole, y a su sola voluntad y arbitrio 3) Finalmente, y siempre en contra del principio de transparencia, establecieron ilegalmente el secreto sobre más de 500 de los 800 artículos y servicios que integran la canasta, de manera que ni el pueblo ni las instituciones republicanas pudieran controlar como llegaban a la cifra general de IPC que ellos publicaban. De esta manera la corporación que manejaba internamente al INDEC aumentaba cada vez más su poder. Habían hecho todo de manera que el pueblo, el empresariado privado, y el propio gobierno de turno, debían confiar en un IPC calculado en secreto por la corporación. Durante esos años con la complicidad de los periodistas Daniel MUCHNIK e Ismael BERMÚDEZ, del diario Clarín, de Susana TORRADO, y de muchos otros cómplices, la corporación fue aprovechando las falsas denuncias que presentaban por supuestas presiones de las distintas administraciones de gobierno que se sucedieron, -y que canalizaban, como ya expliqué, por medio de la publicación llamada “Cuidemos al INDEC”-, para forzar la autonomía del INDEC, lo que les permitiría si la conseguían consolidar formalmente el inmenso e ilegítimo poder ilegal que ya habían alcanzado, les aseguraría aún mayor impunidad que la que ya tenían para seguir haciendo sus negocios ilegales, y les facultaría aún más para obrar a favor o en contra de una administración de gobierno según les conviniera en cada caso. En esas circunstancias, hacia octubre de 2004 fui consultado por la investigadora Mercedes LLANO, del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), sobre la conveniencia o inconveniencia de otorgar autonomía o autarquía al INDEC, y en mi respuesta le advertí sobre el peligro institucional que esa autonomía o autarquía representaría para las instituciones republicanas, particularmente mientras el INDEC estuviera en manos de la corporación que lo controla, y le advertí también sobre la manera en que el poder de la corporación que maneja internamente al INDEC se manifiesta al distorsionar la información estadística “no siempre a favor del gobierno de turno ?como suele creerse- sino en ocasiones para perjudicarlo.”
Destaco esta cita textual porque es clave para interpretar los sucesos del año 2007 que debo abordar ahora:

Durante los últimos meses de 2006, el secretario de Comercio Guillermo MORENO encontró disparidades entre los números cerrados elaborados por la corporación del INDEC y sus propios indicadores, y solicitó a la entonces directora de IPC, Graciela BEVACQUA que le brindara mayor claridad sobre los métodos que ella utilizaba para calcular dicho índice. El pedido apuntaba principalmente a dos aspectos: Por un lado MORENO pedía a BEVACQUA mayor desagregación de los componentes del IPC, es decir mayor detalle sobre cuáles eran los componentes de la canasta y sobre la incidencia que le daban a cada uno de ellos en el total. (Como ya expliqué, la corporación de la que formaba parte BEVACQUA mantenía la mayoría de esos componentes en secreto, ese secreto estaba destinado a ser conocido solamente por media docena de altos funcionarios integrantes de la corporación, y eso les facultaba poder alterarlos a su arbitrio, tanto a favor como en contra de una administración de gobierno, según les conviniera en cada momento. Yo había publicado en Internet el documento secreto con la lista completa de los 800 artículos y servicios y algunos ejemplos de las distorsiones en las ponderaciones, pero esa información que publiqué había ido desapareciendo, y solamente fueron quedando vestigios indirectos a través de algunas menciones en cables de la agencia noticiosa DYN y de un artículo de Jorge LANATA, que mencionaban mi denuncia.
También había publicado las conferencias de prensa (incluyendo las imágenes y el audio) donde quedó constancia de que clase de “técnica de reconocida capacidad internacional era BEVACQUA como directora de IPC: Habiéndosele preguntado si sabía cuanto había subido la garrafa de gas contestaba que “mucho”. Habiéndosele preguntado si sabía la ponderación que se le daba en el IPC a la garrafa de gas contestaba que no lo recordaba, pero que estaba publicado en la metodología. Habiéndosele mostrado que en la metodología no estaba publicado ese dato (yo sabía que era un 0,3%, pero la Metodología 13 del INDEC no lo había publicado), se quedaba sin saber que decir.

La composición de la canasta que había armado la corporación que ahora acusa al gobierno y promueve la desestabilización está tan distorsionada intencionalmente que el supuesto consumidor típico vive en el exclusivo "Barrio Norte" de la ciudad de Buenos Aires, tiene dos automóviles cero kilómetro que compró al contado, y tres heladeras más un freezer repletos de todo tipo de alimentos para el hogar que le demandan apenas el 22% de sus gastos, Con sus dos escapaditas anuales a Miami (alquiler de automóvil incluido), más otras a Cancún, a España, etc, ese consumidor deformado de la realidad argentina por la banda, mantiene una estructura de gastos superior a la del consumidor típico de los países más avanzados del mundo. En la canasta del INDEC preparada por quienes ahora complotan y acusan falsamente al gobierno faltan verduras frescas tan comunes como achicoria, berro, cebolla de verdeo, espinaca, hinojo, perejil, puerro, radicheta, pero toman cada mes el precio del champagne extra brut de primera calidad, alhajas, alquiler de caja de seguridad, muchísimos artículos que no son de consumo sino de inversión (por lo que está expresamente prohibida su inclusión en la canasta de consumo según las recomendaciones internacionales) y hasta la ridiculez de tomar cada mes el precio de la castración –ovarictomía- de una gata.

El otro aspecto que llamaba la atención de MORENO era la desmedidamente alta ponderación que el IPC calculado por BEVACQUA le asignaba al rubro turismo (luego veremos un gráfico donde se comprueba la distorsión que efectivamente el índice venía produciendo en ese rubro, gráfico que había sido publicado asimismo por mí en Internet), y sobre la forma en que había hecho el INDEC la selección de los comercios informantes. En ambos casos, como vemos, el pedido de MORENO se ajustó a derecho, y resultaba coincidente con la aspiración ciudadana de mayor transparencia en el cálculo del IPC. La entonces directora de IPC Graciela BEVACQUA, junto con otros integrantes de la corporación que fueron consultados por ella, y que como ella también temían que se descubrieran los manejos ilícitos que habían hecho, y que temían asimismo perder el poder de control y las extraordinarias potestades políticas y posibilidades económicas y de tráfico de influencias que ese manejo les redituaban, se negaron a aclarar a MORENO los puntos que éste les solicitaba que aclararan, produjeron diversos y reiterados desplantes arrogándose tener el control del índice, y mintieron en documentos públicos sobre los alcances de la ley del secreto estadístico. Y si uno revisa el expediente del fiscal ve claramente que no eran simplemente Graciela BEVACQUA, o Clyde TRABUCCHI las que hacían esto, sino toda una estructura corporativa montada en el INDEC que estaba detrás, e integrada por muchos funcionarios ineficientes y mentirosos que hasta una Comisión de Secreto Estadístico convocaban para mentir. La situación trascendió la esfera de MORENO y comenzó a preocupar a otros altos funcionarios de gobierno, como es el caso del ministro del Interior Aníbal FERNANDEZ: Si el IPC estaba “bien” calculado, (o al menos calculado de manera “conveniente”), ¿por qué razón la propia directora de IPC se negaría a presentar con mayor detalle al propio gobierno el proceso de cálculo?. En altas esferas del gobierno comenzaron entonces a comprender la verdad: Se iniciaba un año electoral, y así como BEVACQUA y sus asociados de la corporación habían presentado desde la devaluación del año 2002 índices que casi todos los meses reflejaban aumentos menores a los verdaderos aumentos de precios que sufría la inmensa mayoría de la población, nada impedía que en ese año electoral la corporación trabajara para algún candidato opositor, para sectores vinculados a la especulación financiera, o ambas cosas a la vez. Apenas un par de años antes, mientras se hacía creer al pueblo que prácticamente se había saldado la deuda externa argentina en la mejor negociación imaginable, Roberto LAVAGNA, desde su cargo como ministro de Economía del propio gobierno de KIRCHNER al que ahora enfrentaba, había re-endeudado los destinos del país emitiendo una cantidad inusitada de bonos ajustables por el llamado Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que se calcula por el IPC, asunto que dicen sus allegados que no le gustaba a KIRCHNER pero sobre lo que LAVAGNA le dijo que era imprescindible hacerlo para poder negociar los bonos en el mercado internacional. Con el pretexto de beneficiar a jubilados argentinos –en justo derecho- a los que se usa como excusa, esos bonos negociables internacionalmente estaban destinados en gran medida a producir altísimas rentabilidades por encima del valor dólar a empresas y corporaciones financieras y especulativas. El aspecto más sombrío y oculto era que grupos inversores se verían más beneficiados con cuanta más inflación hubiera en Argentina por encima del dólar y en el caso de los grupos extranacionales sin tener que sufrir los padecimientos que dicha inflación acarrearía a la población residente en el país y particularmente a los sectores más pobres de la sociedad. Bastaba atar cabos: La cercanía de los directivos del INDEC con las consultoras privadas; un candidato a presidente por la oposición -el mismo Roberto LAVAGNA-, factótum de una de esas consultoras (Ecolatina) y vinculado estrechamente a otras a través de Javier GONZALEZ FRAGA y otros economistas; empresas, bancos, administradoras de fondos de pensiones, y grandes inversores particulares del país y del exterior “asesorados” por esas consultoras para la compra de bonos ajustables por el CER, un IPC en manos de un grupo que se negaba a dar al propio gobierno mayores explicaciones sobre el proceso de cálculo; la conveniencia que redundaría la difusión de un índice de precios ascendente para las aspiraciones presidenciales de ese candidato y de los sectores que se beneficiarían con él si llegaba a la presidencia, y la posibilidad, para la corporación que controlaba al INDEC, de obtener su tan ansiada autarquía que les permitiría aumentar aún más su poder y cometer los delitos con aún mayor impunidad. Algunos funcionarios del gobierno todavía pensaron que tal vez no había tal complot, y que quizás sólo se trataba por parte de BEVACQUA y la corporación que ella integraba de “celos profesionales”, pero era necesario asegurarse. Y fue así como el gobierno decidió poner a alguien de su absoluta confianza en el INDEC, no para dibujar ningún índice (gente que dibujara el índice ya había allí desde hacía décadas, como demuestran las pruebas que adjunto), sino para asegurarse de que no alteraran ahora el IPC en contra para favorecer a sectores especulativos y a la oposición. Fue necesario por esa razón poner gente de la máxima confianza del gobierno directamente en el propio IPC, y así se reemplazó a Graciela BEVACQUA por Beatriz PAGLIERI, no para alterar el IPC, sino para asegurarse de que la corporación y los interesados en el complot no lo volcaran en contra. También pusieron dos o tres personas de confianza como data entries y como supervisores para evitar que los complotados pudieran dar órdenes a sus subordinados de alterar las cifras para perjudicar al gobierno. La reacción no se hizo esperar: la corporación a la que vengo denunciando desde hace más de veinte años vio que por primera vez una administración de gobierno se había atrevido a tocar a uno de sus miembros (Graciela BEVACQUA) y salió a la luz públicamente demostrando todo su poder: En apenas unos pocos días Norma PIZARRO, Adriana SEMORILE, y el resto de los autores de aquella fórmula que hemos visto, -la primera fórmula altamente distorsiva que descubrí con que el INDEC pretendía hacer pasar los precios medios de los artículos alimenticios por valores hasta once veces inferiores a los reales según el lugar de compra-, se reunieron y comunicaron con Heber CAMELO –el mismo que siendo mi jefe me había confesado que nos habían contratado para hacer un fraude-, con Luis BECCARIA –aquel director del INDEC que me encargó el INFORME NATALUCCI de 1985 y que decía que a los pobres él los hacía participar más en el IPC, y que la encuesta de enero de 2005 a enero de 2006 había sido sólo una idea que no había llegado a concretarse, el mismo que mucho antes de la situación que llevó a la caída del gobierno de ALFONSIN ya sabía que para comienzos o mediados de 1989 se venía “otra etapa de gobierno”-, y con el resto de sus cómplices, apelaron a toda la red de influencias e intereses corporativos que habían estado preparando durante todos esos años, y juntaron más de doscientas firmas para dar un “escarmiento” al gobierno por haber tocado a alguien de la corporación. Para la solicitada utilizaron el mismo nombre que ya venía usando la corporación desde hace años: “Cuidemos al INDEC”. Ya sabían que a través de su tráfico de influencias e intercambio de favores contaban con la prensa, particularmente con la prensa escrita de Buenos Aires, pero necesitaban alguien de televisión que se hubiera sabido fabricar hábilmente con los años un aura de confiabilidad pública, y ellos ya sabían quien era el más indicado: El periodista empresario Nelson CASTRO era cómplice del fraude en el IPC al menos desde el año 2002, cuando acusó públicamente a colegas suyos de corrupción por ocultar la denuncia que yo venía presentando, para hacer luego y con todo desparpajo él mismo aquello de lo que estaba acusando a los demás, es decir ocultarle a la población la naturaleza del fraude en el IPC, que había sido preparado para que en las crisis como la de ese año 2002 la política fuera terriblemente insensible a la situación de los millones de familias más pobres y a las penurias de la clase media, representando los consumos suntuarios propios de las clases más ricas que no se veían ni remotamente tan afectadas por la terrible crisis del año 2002.

A Nelson CASTRO simular ahora –cinco años después- interés en el IPC y presentarse hipócritamente a si mismo como uno de los primeros en ocuparse del tema le significaba también, a su parecer, la posibilidad de disimular su silencio anterior de años, que tarde o temprano podría conocerse. Solo faltaba un argumento para convencerlo de participar activamente del complot, y tenía que ver con su preocupación como empresario de perder la generosa tajada de publicidad oficial con que se lo había premiado durante años por ocultar el fraude contra el pueblo en el IPC. Pero al apoyo de empresas privadas -involucradas o no-, había que sumarle el aporte que provenía de sectores a los que había cautivado con su antigua profesión siempre declamada de médico, la publicidad oficial con que sería premiado a partir de diciembre en caso de triunfar el complot sería enorme y lo compensaría de todo, de la misma manera que LAVAGNA repondría a los funcionarios del INDEC desplazados, y Eduardo MONDINO, desde su puesto de Defensor del Pueblo de la Nación tenía disponibilidad de fondos públicos para mantener también su auspicio, particularmente a los programas televisivos que estuvieran participando más activamente del complot, cosa que MONDINO necesitaba porque sabía que estaba a su vez involucrado como encubridor desde que clausuró repentinamente e ilegalmente tras la devaluación -y cuando más el pueblo la hubiera necesitado-, la investigación que él mismo había iniciado por fraude en el IPC, y que a diferencia de jueces federales que más hábilmente habían cajoneado la causa desde un comienzo, él había tenido la imprudencia de hacerlo cuando ya las pruebas acumuladas en contra de la corporación que manejaba desde hacía años al INDEC eran abrumadoras.

El que sería el principal beneficiario político del complot ya estaba listo también para actuar: Al mismo tiempo que BEVACQUA y la corporación negaban la información al secretario de Comercio, Roberto LAVAGNA consolidaba un pacto con el sector del radicalismo –o de lo que quedaba del antiguo partido político- liderado por Gerardo MORALES. El papel de éste último en el complot sería organizar, utilizando al Congreso de la Nación, una farsa de auditoría sobre el IPC, siempre simulando, por supuesto, que el problema se había iniciado en enero de 2007 a causa de la intervención del gobierno de KIRCHNER.

Por uno u otro motivo –ingenuidad, vínculos personales en unos casos, avidez por sacar alguna ventaja electoral para si mismos en otros-, se sumaban al complot y a la farsa algunos referentes políticos que no habían estado –hasta donde me consta- involucrados, como es el caso de Eduardo MACALUSE del ARI.

Yo aún no estaba seguro inclusive de que la conducción radical no hubiera sido llevada a eso con engaños, y como correspondía brindarles el beneficio de la duda me presenté en el salón Humberto ILLIA del Congreso de la Nación a lo que el radicalismo había propagandizado como debate público, me anoté también como orador, y repartí entre los asistentes un par de carillas donde explicaba la verdad sobre el IPC y pedía que el partido Radical aclarara su postura. El acto no resultó un debate público como lo habían anunciado en los medios, sino una seguidilla de alocuciones donde todos los oradores, tanto radicales como de otros partidos minoritarios de la oposición y representantes de diversos organismos se habían puesto de acuerdo en decir prácticamente las mismas palabras en cada discurso, se aplaudían y felicitaban mutuamente, y por supuesto omitían toda mención a mi denuncia dando luego repentinamente por finalizado el acto de común acuerdo entre ellos demostrando una vez más que tenían todo pactado previamente y que lo del pretendido debate era una farsa.

El complot estaba en marcha.

El 5 de febrero de este año 2007 a las puertas del INDEC, con total desfachatez, directivos de ATE-INDEC, que desde hacía más de veinte años eran cómplices de la exclusión social planificada practicada contra los más pobres, y de la virtual desaparición en el IPC de los artículos más necesarios para las familias de los trabajadores, acusaban al gobierno de haber reducido la tasa inflacionaria en los rubros de turismo y en los planes de medicina prepaga de más alto valor.

Debo insistir en este concepto porque es clave para entender la catadura moral de la corporación interna del INDEC, de la actual Unión Cívica Radical y el resto de los sectores opositores complotados, de la directora de Estadística de la Universidad de Rosario, de los Colegios de Estadística, y de los directivos de ATE, de Claudio LOZANO, y de cómo éstos traicionaron una vez más a los trabajadores: Los mismos “prestigiosos técnicos”, políticos, economistas, periodistas y gremialistas, que ocultaron durante más de veinte años el fraude en el IPC; los mismos que aceptaban con complicidad cuando la entonces directora de IPC Graciela BEVACQUA difundía en plena crisis de 2002 cifras oficiales del tres por ciento, del dos por ciento y aún menores mientras millones de familias de todo el país no tenían dinero para comer ni para pagar una garrafa de gas tras la atroz devaluación, esos mismos “prestigiosos técnicos”, políticos, economistas, periodistas y gremialistas corruptos y traidores al pueblo hacían escándalo ahora acusando al gobierno de ocultar aumentos en los rubros turismo y en los planes de obras sociales de más alto valor, es decir que se ponían como basiliscos porque se habían afectado intereses del diez por ciento más rico de la sociedad.

El panfleto llamado “Cuidemos al INDEC” derivó en un “blog” de Internet http://indecdepie.blogspot.com, donde se manifestaba la corporación, se partía de la falsedad de que el origen del problema había sido la intervención por parte del gobierno en enero de 2007, y se propagandizaba la desestabilización.

Por otra parte un grupo de los trabajadores del INDEC que no estaban involucrados en los manejos de esa corporación ni en el fraude en el IPC ni en los negocios ilegales ni en el plan de desestabilización –y que son la inmensa mayoría de los trabajadores del instituto- decidieron que su actitud de limitarse a trabajar en silencio y honestamente ya no era suficiente, e inauguraron a su vez un “blog” en Internet http://indecquetrabaja.blogspot.com, donde comenzaron a denunciar la verdad de lo que venía sucediendo en el INDEC desde hacía décadas y de lo que estaba sucediendo ahora.

La complicidad del periodismo con la corporación ATE-INDEC y con el plan de desestabilización fue generalizada: contrariando el más elemental principio de ética periodística que consiste en no ocultar información, diarios como Clarín y La Nación se dedicaron durante todo lo que va del año 2007 a reproducir los comunicados de ATE-INDEC, y a ocultar ya no solamente mis denuncias como venían haciendo desde hacía veinte años, sino ahora también a ocultar la existencia del otro grupo de técnicos y trabajadores del instituto y las opiniones y denuncias que presentaban en su blog.

Solamente una periodista en todo el país, Alicia BARRIOS, informaba a sus lectores de la existencia de esos trabajadores del INDEC.

La directora de la Encuesta Permanente de Hogares, Cynthia POK, que ya pertenecía a la corporación, se sumaba obviamente al complot y extendía el conflicto al resto de las áreas del INDEC.

Nelson CASTRO –el mismo que había acusado públicamente de corruptos a sus colegas por ocultar mis denuncias y que había luego hecho él mismo lo mismo de que a los demás periodistas acusaba- se refería con hipocresía a que la cuestión de la exclusión de los más pobres en el IPC y la incorporación de cada vez más artículos suntuarios exclusivos de las clases más ricas que se venía realizando desde hacía años era simplemente una cuestión de metodologías “A” ó “B”, y se convertía en el principal vocero televisivo de la conspiración.

Javier GONZALEZ FRAGA, que ya contaba con la promesa de ser nombrado ministro de Economía en caso de triunfar la conspiración y resultar electo Roberto LAVAGNA, hacía su aporte infundiendo el temor en la población de que si no se hacía cargo de los destinos del país alguien como Roberto LAVAGNA la economía del país podía estallar.

En la radio, periodistas como Martín PITTON, que desde hacía años conocían mis denuncias sobre discriminación contra los más pobres en el IPC y había decidido ocultar mi denuncia cuando el precio de los alimentos básicos como el pan, el aceite, la harina y la leche se hacían inalcanzables para la población empobrecida en la terrible crisis del año 2002, pasaban ahora horas y horas exagerando la importancia del precio del tomate (un alimento fácilmente sustituible que afrontaba una circunstancial suba de precios a consecuencia de la estacionalidad y del granizo).

No está de más señalar que el problema de la falta de consideración en el IPC de la flexibilidad que la población realiza en sus consumos, particularmente en el caso de los artículos estacionales sustituibles, es un problema real del IPC –tal como manifiesta el gobierno-, y como ya mencioné la había abordado yo ya en el INFORME NATALUCCI de 1985, y profundizado en un trabajo de 1987, aportando en ambos informes las soluciones adecuadas, y que el entonces director del INDEC y actual partícipe del complot Luis BECCARIA se había opuesto a toda consideración del asunto afirmando con su mezcla habitual de jactancia, deshonestidad y estupidez que tomar esos cambios en cuenta era “imposible” (textuales palabras). BECCARIA había dicho que calcular un índice de Fisher era imposible. Asumía que habían países que calculaban el IPC con la fórmula de Laspeyres y que otros países calculaban el IPC con la fórmula de Paasche, pero el índice de Fisher que yo proponía (media geométrica de Laspeyres y Paasche, BECCARIA me explicaba que es de cálculo “IMPOSIBLE” –así en mayúsculas-. También dijo que resultaba “imposible” calcular un índice de precios nacional.

Marcelo ZLOTOGWIAZDA, periodista especializado en economía y uno de los más grandes timadores en el uso malicioso de la estadística, que no solamente conocía desde hacía décadas mi denuncia y la había ocultado sistemáticamente sino que aún hacia julio de 2006, en momentos de fuertes alzas de los alimentos que no eran reflejadas por el IPC que difundía Graciela BEVACQUA había armado un programa especial en el cual “explicaba” a la gente que estaba equivocada en la percepción de la inflación, se pavoneaba ahora con un índice paralelo ideado por él con exclusivos fines sensacionalistas y afines al complot, y llegaba a incorporar el tomate a su menguada “canasta” –en la que no lo había incorporado originalmente- por convenir ahora su inclusión al propósito de engañar a la población sobre lo que no es importante y lo que sí lo es, demostrando una vez más en su larga carrera de embaucador que lo que lo movía a tener una posición u otra respecto a la confiabilidad en el IPC no era defender el derecho del ciudadano a estar informado sino defender los intereses de la corporación de la que formaba parte BEVACQUA y que desde hacía años mantenía el control del INDEC.

Ernesto TENENBAUM, -su compañero en televisión y posiblemente un hombre honesto un tanto ingenuo-, llegaba a decir públicamente la ridiculez de que el secretario de Comercio Guillermo MORENO hacía entrar datos falsos en las computadoras del INDEC apuntando con una pistola en la cabeza de los trabajadores.

Y de esta manera, desde los medios, se brindó su apoyo consciente en unos casos e inconsciente en otros al complot, con tal actitud de la que solamente di aquí algunos ejemplos por ser los más emblemáticos, pero que fue una actitud generalizada de un periodismo que, así como está, mintiendo, ocultando a la población pruebas documentales sobre exclusión social en el IPC, no investigando la verdad, y colaborando con grupos desestabilizadores vinculados a la especulación financiera, a la sociedad no le sirve para nada.

Paralelamente al accionar del periodismo, el sitio oficial del partido Radical, se congratulaba difundiendo las noticias sobre la baja en la cotización de los bonos argentinos, -baja que había sido causada por ellos mismos, y que permitiría una vez más ganancias extraordinarias a los especuladores que podían a los pocos días re comprar dichos bonos a menor precio haciendo una jugosa diferencia a costa una vez más del pueblo argentino, y reproducía declaraciones de su candidato Roberto LAVAGNA que hipócritamente culpaba al gobierno de querer estafar a los jubilados, cuando bien sabía que los bonos son negociables en los mercados internacionales y los beneficiados con el alza de la inflación no son nunca los jubilados argentinos, y menos los jubilados más pobres (que los aumentos que puedan eventualmente tener en sus pocos bonos son absorbidos con creces por dicha inflación), sino los sectores de la especulación financiera de Wall Street que con los bonos de LAVAGNA se benefician más cuanta más inflación haya en Argentina, pero sin sufrir ellos las consecuencias de los aumentos de precios.

SÍNTESIS.

El método que emplearon los aquí denunciados es intrínsecamente perverso:

1) Con la excusa de la actualización de la canasta, pero dejando adrede de compensar el “sesgo plutocrático” (una distorsión que favorece a los más ricos y que se está ampliando en el mundo debido a grandes intereses internacionales) y diseñando además fórmulas propias como la que vimos, cuyo efecto resulta en hacer aparecer los precios de los alimentos hasta diez veces menores a los precios verdaderos, un grupo de técnicos del INDEC vinculados a esos intereses internacionales y a grupos especuladores locales –PIZARRO, CAMELO, SEMORILE, BECCARIA, etc- fue excluyendo a lo largo de más de veinte años a los más pobres primero y a la clase media después, consiguiendo un IPC que representa los consumos de una familia perteneciente al diez por ciento más rico de la sociedad.
2) A partir del año 2000 ese grupo -que forma parte de la corporación que para ese entonces a través de Cynthia POK (desocupación, pobreza e indigencia), de Lucía VERA (precios mayoristas) y de otras direcciones claves ya tenía el control de todo el INDEC, lazos comerciales espurios con las consultoras privadas, y fuertes vinculaciones internacionales a través de Jacob RYTEN (cómplice directo también en el plan de desestabilización de este año)-, decide que más de quinientos de los ochocientos artículos y servicios de la nueva canasta sean secretos, y que la metodología los autorice a ellos a modificarlos a su arbitrio, pudiendo así más fácilmente favorecer o perjudicar a las administraciones de gobierno según les convenga en cada caso.
3) La canasta armada por esos funcionarios está tan distorsionada intencionalmente que el supuesto consumidor típico tiene dos automóviles cero kilómetro que compró al contado, y tres heladeras más un freezer repletos de todo tipo de alimentos para el hogar que le demandan apenas el 22% de sus gastos. Dos viajes anuales de placer a Miami (alquiler de automóvil incluido), más otros a Cancún, a España, etc, y mantiene una estructura de gastos superior a la del consumidor típico de los países más avanzados del mundo. En la canasta del INDEC faltan verduras frescas tan comunes como achicoria, berro, cebolla de verdeo, espinaca, hinojo, perejil, puerro, radicheta, pero toman cada mes el precio del champagne extra brut de primera calidad, alhajas, alquiler de caja de seguridad, y hasta la castración –ovariotomía- de una gata.
4) Tras su asunción en el año 2002 como ministro de Economía, Roberto LAVAGNA re endeuda al país por varias generaciones agregando una nueva modalidad: Con la excusa de que serán para favorecer a los jubilados pero sabiendo que los jubilados y particularmente los jubilados argentinos de menores ingresos serán estafados con esos bonos y que sus verdaderos beneficiarios serán los especuladores internacionales, emite bonos contra el estado nacional indexados por el CER, (es decir por el IPC), más un interés, pagables en dólares y cotizables en Wall Street.
5) Cuando el secretario de Comercio Guillermo MORENO a fines del año 2006, observa diferencias y pide a la entonces directora de IPC Graciela BEVACQUA precisiones sobre los aumentos de cada ítem de gasto del IPC y hace observaciones sobre la exagerada ponderación del rubro turismo, y pregunta qué métodos utilizaron para seleccionar a sus informantes, BEVACQUA se niega a brindar esos datos y explicaciones, con lo que el gobierno de KIRCHNER se da cuenta de que está virtualmente en manos de la corporación.
6) Al reemplazar el gobierno a BEVACQUA –de acuerdo a derecho- por una funcionaria de su confianza, la corporación dueña del INDEC con la complicidad activa del gremio de ATE que traiciona a los trabajadores, y de contactos y cómplices nacionales y extranacionales le hace ver al gobierno su inmenso poder, con una solicitada para la que logran reunir más de doscientas firmas de economistas y estadísticos. En esas solicitada los autores de la metodología con la que se vino quitando representatividad a los más pobres para favorecer los consumos suntuarios propios del 10 por ciento más rico de la sociedad, y los autores de la fórmula matemática que reducía los precios de los artículos alimenticios a la décima parte de su valor verdadero se autocalifican de profesionales de “reconocida calidad técnica” “que es también reconocida por los más prestigiosos institutos de estadística en el mundo”.
7) El portugués canadiense Jacob RYTEN –cómplice directamente involucrado en la exclusión social practicada en el IPC y en el complot contra el gobierno argentino-, temiendo que se descubran sus manejos en contra del pueblo, dice que haga lo que haga ahora el gobierno, ya no merecerá credibilidad, y junta firmas también de contactos suyos que son los encargados de replicar el fraude contra los más pobres en sus respectivos países.
8) El empresario periodístico Nelson CASTRO toma la posta del complot y de la farsa con la cual pretende que la falta de correspondencia entre el IPC del INDEC y los aumentos de precios verdaderos que sufre la población comenzaron recién en enero de 2007 y que se debe a la intervención del gobierno. Marcelo ZLOTOGWIAZDA, Ismael BERMÚDEZ, son otros de los principales cómplices del complot y del engaño, que se generaliza al conjunto del periodismo.
9) El partido Unión Cívica Radical, liderado por Gerardo MORALES y que lleva como candidato a vicepresidente al propio MORALES y como candidato a presidente a Roberto LAVAGNA utiliza el Congreso de la Nación para hacer una farsa de debate público, simular asimismo que el problema fue causado por la intervención del INDEC en enero de 2007, y desde su sitio oficial en Internet alienta las especulaciones internacionales con el precio de los bonos argentinos. El propio LAVAGNA y su candidato a ministro de Economía Javier GONZALEZ FRAGA –anteriormente un hombre moderado- fomentan ilegalmente en la población el temor al derrumbe económico: “Si no asume LAVAGNA esto puede explotar” dice GONZALEZ FRAGA, en un intento de infundir el temor y hasta de ayudar a producir el hecho que proclama.

CONSIDERACIONES FINALES

A fines del año 2006 y comienzos de 2007 la situación de los precios en Argentina seguía el comportamiento general que venía manteniendo, y no habían motivos para que esa situación cambiara salvo a través de un complot como el que se organizó y que el gobierno desactivó.

Tal como venía sucediendo en estos años, los precios de los artículos de primera necesidad seguían presionando hacia arriba por ser justamente artículos necesarios para la población y dependientes de insumos básicos exportables, y por una cierta paulatina recuperación del poder adquisitivo de buena parte de la población respecto del año 2002, pero esa presión hacia arriba seguía los cauces que había mantenido en los últimos años, con la habitual disimulación propia de la metodología del IPC que había diseñado la corporación durante administraciones de gobierno anteriores. Los servicios públicos para el usuario particular (gas, energía eléctrica, telefonía, transporte de pasajeros) seguían congelados, y los artículos y servicios no tan imprescindibles, como el turismo, remises, aparatos de aire acondicionado, etc, seguían también con cierta tendencia al alza propia de la paulatina recuperación, pero sin salirse de cauce.

Todo esto indicaba que el gobierno de KIRCHNER no necesitaba cambiar nada en ese sentido, simplemente seguir haciendo las cosas como las venían haciendo, y al menos desde el lado de la voluntad popular iban hacia un triunfo seguro en las elecciones presidenciales de octubre de 2007.

Los partidos políticos tradicionales estaban totalmente desdibujados y fraccionados; Aunque el radicalismo y los medios de prensa siempre se habían ocupado de ocultar la corrupción organizada que había habido en el gobierno de Fernando DE LA RUA (y que fue la verdadera causa de la crisis de 2001), y de presentarlo como ineficiente o lento, la gente intuía que lo del radicalismo ya no era simplemente cuestión de falta de capacidad para gobernar, sino que el antiguo partido se había ido realmente corrompiendo. Carlos MENEM no tenía chance ya que los aspectos más positivos de su gobierno (modernización de los servicios y del agro, estabilidad, libertad de prensa) tardarían aún décadas en ser reconocidos; Jorge SOBISCH tenía al menos por el momento poca presencia en el ámbito nacional y le jugaba en contra el hecho de provenir de un partido importante pero intrínsecamente provincial (el Movimiento Popular Neuquino, del cual su padre, Don Carlos SOBISCH fue uno de los fundadores); Alberto o Adolfo RODRIGUEZ SAÁ, que habían demostrado ambos en la provincia de San Luis una asombrosa capacidad de gestión y contaban con una excelente plataforma y equipo técnico, tenían en su contra la propaganda porteña de descrédito basados en la antigua cantinela típicamente porteñista de acusarlos de caudillismo y de feudo, y la interpretación maliciosa que se había hecho de la intención de Adolfo de investigar la deuda externa trocando el periodismo ese concepto genuino por el falso que le atribuyeron de haber declarado el default; Los candidatos a presidente provenientes de gestiones en el ministerio de Economía como Ricardo LOPEZ MURPHY nunca habían sido votados mayoritariamente por el pueblo por más que los medios de prensa, sectores empresariales, y algunas falsas encuestas trataran de imponerlos, y por la vía normal lo mismo estaba destinado a pasar ahora con Roberto LAVAGNA; Sólo con algún tipo de complot podían llegar LAVAGNA y MORALES al poder, y el INDEC era su oportunidad. El socialismo continuaba con su virtual premisa de “un socialista, un candidato”; y la ex radical Elisa CARRIO no había logrado salir de su rol testimonial.

El gobierno de KIRCHNER, aunque probablemente haya subestimado la magnitud del poder que tiene la corporación que maneja desde hace años internamente al INDEC, sabía, evidentemente que cualquier cambio que allí hiciera sería aprovechado propagandísticamente por la oposición.

Se deduce de todo esto que el gobierno no tenía ninguna necesidad de cambiar a una directora de precios que había estado “ayudando” tanto que apenas unos meses antes (mayo de 2006) el vicepresidente del Centro de Educación al Consumidor (CEC) Claudio BOADA, salió “al cruce del nuevo índice utilizado para medir el costo de vida por parte del INDEC, y denunció que el incremento de precios de los alimentos no alcanzó el 0,5 por ciento”, sino que “la suba ha rondado el 4 por ciento”. BUENOS AIRES 6 de mayo de 2006, Agencia Noticias Argentinas.

La única explicación posible para la intervención del gobierno en el INDEC es que se estuviera dando cuenta –el gobierno- de que se preparaba a través de ese punto sensible que es el IPC un plan de desestabilización, tal como todo lo que sucedió después demuestra: Negativa de BEVACQUA y la corporación a brindar información pertinente, propaganda tendenciosamente negativa del periodismo ocultando mis denuncias contra la corporación y ocultando asimismo la opinión de la mayoría de los trabajadores del INDEC, mientras propagandizaban al grupo que promovía las falsas denuncias y la desestabilización, farsa de debate público preparada por la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación, plan de sembrar el temor de estallido si no asumía “alguien como LAVAGNA” por parte de él mismo, y de su candidato a ministro Javier GONZALEZ FRAGA.

LAVAGNA observaba en silencio que desde que lo habían apartado del ministerio no había estallado la hiperinflación, sino que inclusive la economía se había consolidado desde la mayoría de los indicadores. Necesitaba que la inflación se saliera de control. Necesitaba que algo “estallara” como diría su candidato a ministro que pasaría, y ese algo no podía ser nada mejor para sus propósitos que la inflación a través del IPC.

MORENO comienza a observar discrepancias desfavorables entre los datos que producía la corporación y los suyos propios. Se producen primero mala voluntad y luego directamente desplantes de parte de la corporación. Le niegan datos que en los documentos que acompaño los propios miembros de la corporación dicen que están disponibles para cualquiera. Cuando pide que le informen como obtuvieron la muestra de comercios informantes se le burlan entregándole el Censo Nacional Económico, (algo así como si le hubieran dado la guía telefónica). Viene el necesario reemplazo de BEVACQUA, que produjo como reacción una demostración de poder corporativo por parte de quienes aún tienen buena parte del manejo del INDEC y sus cómplices de ATE, pero se logró aventar el complot desestabilizador. Las falsedades ridículas que siguen inventando los complotados del INDEC y el increíble periodismo argentino sobre un secretario de Comercio apuntando con una pistola a los data entries y sobre una directora de IPC intimidándolos con agentes de uniforme y de civil para hacerlos bajar el precio de unos alfajores o de un abrigo comprado en no se que tienda son verdaderamente ridículas y no se compadecen ni con el sentido común ni con el hecho visible de que el gobierno no está difundiendo cifras de cero por ciento, o cero coma dos, sino cifras totalmente compatibles con las que ya venía publicado el INDEC antes de los reemplazos, en situación económica semejante a la actual, sin que ellos dijeran nada.

La única explicación razonable de la intervención del gobierno en el INDEC está fundada entonces en haber tenido que aventar la posibilidad concreta y cercana de un complot de desestabilización de proporciones, que no solamente hubiera causado tal vez el acceso al poder por parte de individuos tan inescrupulosos que recurren al temor público y a farsas de debate igualmente público en el Congreso de la Nación, sino que además esos conspiradores lo hicieron sin importarles las gravísimas consecuencias que eso tendría para la gente, ya que la escalada inflacionaria que estaban tratando de instaurar hubiera podido derivar en una espiralización hiperinflacionaria y hubiese significado una nueva calamidad semejante a la del año 2002 para la población, y fundamentalmente para la clase media y para los sectores más pobres del pueblo. De ese pueblo que durante más de veinte años los actuales conspiradores se ocuparon de ir excluyendo del IPC porque ya habían decidido excluirlos de la vida real.

Es muy probable que nunca logremos saber quienes o que grupos de intereses están realmente detrás de las BEVACQUA, de los CAMELO, de las PIZARRO, de los BECCARIA, de los MORALES, de los LAVAGNA y aún de los RYTEN. Difícilmente conoceremos los nombres de quienes los mandan, si es que alguien los manda y si es que no son simplemente ellos lacayos por vocación propia y servidores del interés que sea, pero siempre en perjuicio de los pueblos. Lo que si podemos hacer, si hay firme voluntad de ello en el juez o en los jueces en cuyas manos caiga este caso, es producir un fallo ejemplar que deje en claro que procedimientos como los utilizados durante los últimos veinte años fabricando metodologías de exclusión social, creando una corporación por encima de las instituciones, y complotando como hicieron este año quienes aún controlan buena parte del INDEC, y los firmantes de la solicitada “Cuidemos al INDEC”, y la dirigencia de la Unión Cívica Radical, y dirigentes gremiales de ATE-INDEC y ATE Nacional que traicionan a los trabajadores, y periodistas farsantes como CASTRO y ZLOTOGWIAZDA, no son procedimientos compatibles con el ideario democrático y republicano, ni con el estado de derecho..

No he incluido en principio en esta denuncia al Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas Manuel GARRIDO ni –salvo incidentalmente en el tema de los auspicios a los conspiradores- al Defensor del Pueblo de la Nación Eduardo MONDINO.

En el caso de GARRIDO observo en una primera lectura de su Resolución del 15 de mayo de 2007 en las actuaciones número 23.763 de la Fiscalía a su cargo interpretaciones temerarias y en el mejor de los casos una profunda falta de conocimiento de los asuntos sobre los que habla. Es indudable que GARRIDO ha sido usado como una pieza importante del complot de desestabilización, pero prefiero reservarme para una segunda lectura la impresión sobre si su funcionalidad amerita denuncia penal, y tal vez le solicite a él mismo la rectificación pública acercándole para eso material que le permita ver la realidad si es que la falta de conocimiento de la cuestión de base ha sido la causa de sus afirmaciones.

También me reservo en el caso de MONDINO la posibilidad de solicitarle que sea él mismo quien retome la investigación que clausuró repentinamente cuando más la población hubiera necesitado de su parte de un fallo claro y preciso contra la corporación del INDEC y contra el fraude en el IPC, de lo que ya había acumulado MONDINO abrumadora prueba.

Todos los firmantes de la solicitada “Cuidemos al INDEC” son a mi modo de ver partícipes de la conspiración y dicha solicitada por su naturaleza y antecedentes debería ser considerada como órgano de prensa de una asociación ilícita.

La figura jurídica es delicada por su amplitud, pero algún tipo de sanción, aunque fuera simbólica, deberían merecer por mentir en documento público, por permitirse conspirar y por poner mezquinos intereses corporativos por encima de los del conjunto de la sociedad.

Me permito sugerir que es tanto el daño intencional hecho por quienes tuvieron el control del INDEC por más de veinte años y por sus cómplices, es tanto el mal que hizo esta gente al conjunto de la sociedad y particularmente a los más pobres aprovechándose de sus conocimientos en técnicas estadísticas para engañar al pueblo, me permito sugerir –decía-, que sería bueno que además de un fallo contra los autores del fraude de décadas y que son los mismos conspiradores de este año 2007, la Justicia contemple que es prácticamente imposible lograr un sistema de índice perfecto en pocos meses, y que será necesario un período de transición, tal vez de unos dos años, durante los cuales lo importante será la tendencia a volver a democratizar la idea de IPC, sobre la base de que una familia encuestada por el INDEC que apenas tenga dinero para garrafa de gas, mate y galleta no vale menos que aquel que con el veinte por ciento de su gasto le alcanza para champagne de primera calidad, queso gruyere y cientos de exquisiteces más, y que dispone libremente de todo el ochenta por ciento restante para comprar alhajas, automóviles cero kilómetro al contado, viajes de placer al exterior, alquiler de cajas de seguridad, etcétera. Como podrá usted comprobar si lee mis escritos de todas las épocas, nunca dije en mis informes ni en mis publicaciones ni en ningún otro lado que esos consumos no deban estar incluidos en el IPC, creo que pueden estarlo como pueden no estarlo, pero de estarlo debe ser en la proporción de las familias que pueden hacer esos gastos y respetando la proporción de las que no pueden. Cualquier indicador que no respete esa proporción y que se base en que vale más quien más gasta lo podrán hacer como indicador adicional, llamémosle de mercado de consumo, por ejemplo, pero que obtengan los datos para ese indicador adicional sin encuestar a las familias, porque si encuestan a las familias debe ser para tratarlas y respetarlas por igual.

Esta consideración y cierta anuencia que propongo a la Justicia que tenga hacia lo que haga el gobierno con el IPC en lo que llamo un período de transición, no significa que deba aceptarse cualquier cosa, y yo mismo presentaré denuncia contra el gobierno si se pacta con los sectores involucrados en la realización y ocultamiento del fraude en el IPC durante todos estos años o se pretende volver a instaurar un IPC plutocrático.

Y es que conozco mucho y de muchos años a la corporación que vino manejando desde hace décadas al INDEC y a los gremialistas y periodistas que son sus cómplices. Sé que si la tendencia del gobierno, el actual o el próximo, es a democratizar el IPC habrá presiones en contrario por parte de la corporación, y casi seguramente habrá también presiones de las corporaciones hermanas de la del INDEC en otros países en contra de esa democratización y de la transparencia. La mejor misión de los organismos de justicia en ese caso será cuidar que esas presiones no impidan hacer las correcciones necesarias para esa transparencia y esa democratización. El sr. juez y los encargados de administrar justicia deberían procurar, a mi entender, interpretar en los próximos meses o hasta durante un par de años cuidadosamente, tal como decía, como un período de transición, para que pueda llegarse a tener un IPC confiable, basado en una metodología que no se someta a intereses plutocráticos ni aún cuando fueran sugeridos por otros países, y que respete los principios republicanos de transparencia de la cosa pública y los preceptos democráticos de igualdad ante la ley consagrados en la Constitución Nacional.

Ricardo Patricio NATALUCCI
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A fs 54 de actuación Nº 14576/00 de Defensoría del Pueblo de la Nación, el ex director del INDEC integrante de la corporación y partícipe del complot de desestabilización contra el gobierno en el año 2007 Osvaldo KACEF no tiene empacho en mencionarle a otra área de gobierno marcas y proveedores, tanto de las computadas por ellos como de las no computadas, lo que demuestra que se lo negaron al secretario de Comercio por motivos espurios. Misma actuación, fs 93, KACEF menciona también detalle de artículos y marcas relevadas por el INDEC lo que demuestra una vez más que la corporación usa el secreto estadístico con arbitrariedad y beneficia o perjudica a un gobierno según su conveniencia.

Documento que presenté a los concurrentes y expositores en marzo de 2007 en el salón Humberto ILLIA del Congreso de la Nación, donde la conducción de la Unión Cívica Radical preparó una farsa a la que habían convocado fingiendo que sería un debate público. Cuando los complotados detectaron de lo que se trataba me impidieron seguir entregando el documento (inclusive en los pasillos del edificio) y me impidieron asimismo hablar a la concurrencia, pese a que había sido aceptado como orador. La parodia de debate público resultó ser una seguidilla de discursos prácticamente idénticos, donde los oradores pasaban por turno y repetían que el descrédito del INDEC había comenzado en enero de 2007, ocultaban mi denuncia, y se aplaudían entre ellos. –solamente Aldo Neri dio la impresión de no estar en sintonía con el complot, como si lo hubieran invitado a una fiesta equivocada, pero no se atrevió tampoco a decir la verdad-.

La premisa de que el INDEC resultaba creíble hasta enero de 2007 es asimismo una farsa inventada por la corporación ATE-INDEC, tal como lo demuestran algunos casos que eran habituales desde hacía más de veinte años. Por ejemplo el 6 de mayo de 2006, con este mismo gobierno, la diferencia denunciada por una asociación de consumidores no fue en turismo y obras sociales pagas, sino en alimentos básicos, (y fue mucho mayor), y la corporación ATE-INDEC no dijo nada, ni se abrazó al edificio, ni armaron carpas.

En un impreso oficial del INDEC los miembros de la corporación afirman que solamente difunden determinados agrupamientos, y que eso se debe al secreto estadístico. Como veremos, en otro documento afirman que eso es solo por ahorro de papel, y en otros dicen que esa información está disponible.

Denuncia del 8 de septiembre de 1988 contra Luis BECCARIA y Edgardo LIFSCHITZ al Juez Penal Federal Nestor Luis Blondi, muestra como BECCARIA –que ahora en el año 2007 participa de un complot contra el gobierno y culpa con falsedad al secretario de Comercio de faltas a la ley de secreto estadístico-. entregaba a su socio información confidencial y sensible fuera de la órbita del Sistema Estadístico Nacional.

Listado con detalle de especificaciones que la corporación mantenía en secreto y le negaba conocer al secretario de Comercio. Este listado había sido publicado por mí en Internet ya en junio de 2002, sin que se me iniciara hasta el día de hoy acción legal alguna por haberlo publicado, tal como deberían haber tenido obligación de hacer si realmente su difusión afectaba la ley de secreto estadístico, lo que prueba una vez más que la negativa al secretario de Comercio no fue para cuidar el secreto estadístico sino por motivos espurios. El entonces director del INDEC Juan Carlos DEL BELLO –uno de los participantes del complot del año 2007 no puede alegar desconocimiento de mi sitio web, ya que, entre otras cosas, me había enviado el insólito telegrama que también adjunto.

La metodología de IPC base 1974 publicada en 1977 fue la última metodología de IPC aproximadamente democrática que elaboró el INDEC. Puede verse el detalle de ponderaciones como el gas en garrafa y el kerosene. La metodología que elaboró la corporación, publicada en agosto de 2001 oculta esas ponderaciones, las que también le fueron negadas al secretario de Comercio con falso pretexto de secreto estadístico. Como vemos en otro documento, es la corporación ATE –INDEC la que viene en estos años mintiendo al respecto. Al ocultarle ilegalmente al gobierno estos detalles que ellos disponen la corporación se atribuye intrínsecamente la posibilidad de computar según les convenga precios menores o mayores a los realmente observados, pudiendo así inclusive complotar contra un gobierno y desestabilizar.

Documento donde BECCARIA –uno de los principales complotados contra el gobierno en 2007 al que acusó de hacer modificaciones metodológicas sin darlas a conocer previamente, le contestó socarronamente a la Dirección de Asuntos Jurídicos con más de cinco meses de demora, que la metodología la conocería (la Dirección de Asuntos Jurídicos) cuando ellos la publicaran. Para ese entonces ya estaba determinada y se calculó con ella todo ese año base de los precios. Sin embargo el hoy complotado BECCARIA negó a la dirección de Asuntos Jurídicos de la propia Secretaría de Planificación la posibilidad de analizarla previamente, lo que brinda otro ejemplo de la inmoralidad e hipocresía habitual de uno de los más representativos integrantes de la corporación.

La ley 17622 dice textualmente que “Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos de registro: nombre y apellido, o razón social, domicilio y rama de actividad.” Lo que demostraría que es falso que la ley impida dar la lista de comercios donde se relevan los precios. La razón de ser del ocultamiento de ese dato es que la corporación teniendo eso en secreto, puede ayudar a una administración con precios más bajos, o perjudicarlo con precios más altos que los relevados, ya que con ese ardid nadie, ni la población ni el secretario de Comercio, ni un presidente de la Nación, ni un juez, puede comprobar si el dato que ellos difunden es verdadero o falso. Claramente la corporación viene usando ilegítimamente la ley de secreto estadístico para obtener provecho propio y un poder económico y político inusitado.

Un par de documentos casi graciosos: En el primero de los documentos ese INDEC de los “técnicos de reconocida calidad internacional”, respondiendo nada menos que a una denuncia por fraude e incompetencia, envía a MONDINO un desglose con algunas ponderaciones de ejemplo: Cuando noté la absurda ponderación que le habían dado a la yerba mate (más que la carne vacuna en todos los estratos) se lo hice notar a MONDINO, y el INDEC respondió, con su típica soberbia y falta de honestidad para reconocer sus errores, que se trataba de “una versión anterior a la definitiva; donde para el ítem yerba se habían sumado las filas de la carne y de la yerba”. (SIC)

En otro pasaje (fs 287 ó 65 de la actuación de MONDINO) con el subtítulo “Folios 40 y 41” la dirección del INDEC, es decir la corporación que lo vino manejando durante más de veinte años y que en este 2007 complotó abiertamente contra el gobierno, dice que “por razones de economía, en las publicaciones metodológicas no se detallan todas las ponderaciones del IPC. Sin embargo, éstas han estado disponibles desde hace más de un año para los usuarios que lo soliciten por nota a la Dirección de Difusión. No existe ocultamiento de ponderaciones ni de índices”. La sencilla comparación entre esta afirmación y la respuesta que la corporación dio a MORENO al negarle tal desagregación, según la propia fiscalía deja en claro y probado documentalmente que los “estadísticos de reconocida calidad internacional” que complotaron contra la estabilidad en este año de 2007 junto con los directivos de ATE, con la dirigencia de la Unión Cívica Radical, y con la complicidad del empresario periodístico Nelson CASTRO y del periodismo en general, sugiriendo con falsedad que el gobierno había intervenido el INDEC para obtener datos confidenciales y que con eso el INDEC perdió la confiabilidad, y que la inflación real ahora puede ser el doble, o cuatro veces más de la que el gobierno dice, y que si no accede al gobierno alguien como Roberto LAVAGNA esto puede estallar, esos “técnicos de reconocida calidad internacional complotados, como se ve con este documento no son otra cosa que una banda de mentirosos delincuentes.

El gráfico, preparado por mí y publicado en Internet en la edición del año 2000 del INFORME NATALUCCI, muestra la distorsión que hay en el rubro turismo al representarse a los más ricos. Ese mismo rubro turismo sensibilizó a la dirigencia de ATE que durante años no dijeron nada de que turismo estaba sobreestimado a expensas de los artículos de primera necesidad como el pan, la harina, la leche, el aceite, o la carga de la garrafa de gas.

Página 20 de la Metodología de IPC base 1988, en la que la distorsión plutocrática ya era muy marcada. Sin embargo, como a la corporación le parecía suficiente con esa distorsión y no previeron que luego querrían distorsionar más aún, sostenían que “Si no se excluyen a los hogares de altos ingresos, su estructura de consumo ocasiona distorsiones importantes en el promedio”. Luego, a fs 57 de las actuaciones llevadas a cabo por MONDINO la dirección de INDEC presenta la comparación entre la nueva metodología de 1999 y la anterior, y vemos que la de 1999 se basa en la población residente, sin exclusiones, es decir que hicieron adrede lo que apenas en la metodología anterior ellos mismos habían afirmado que de hacerse produciría distorsiones importantes en el promedio. La conclusión no puede ser más clara: confiesan que la metodología nueva tiene distorsiones importantes en el promedio, es decir lo que vengo denunciando desde hace años.

Cuando le hice notar a MONDINO que el INDEC había confesado que el nuevo sistema de cálculo tiene “distorsiones importantes en el promedio” (porque ellos mismos oficialmente habían dicho que las tendría si hacían lo que hicieron), la corporación responde que la ampliación de la población de referencia permite una mayor comparatividad del IPC-GBA con sus equivalentes de otros países, en especial del MERCOSUR”, sin embargo en el documento siguiente vemos que Brasil, nuestro mayor socio en el Mercosur, tiene su Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) restringido a las familias con jefes asalariados con ingresos mensuales de entre uno y ocho salarios mínimos, es decir que el más honesto instituto de estadística de Brasil (IBGE), en lugar de adulterar el IPC, respetó la premisa de no incorporar a los estratos más ricos porque (debido al sesgo plutocrático -descripto por PRAIS en 1959- la incorporación de esos estratos resultaría en distorsiones importantes, que es el centro y punto principal de mis denuncias de más de veinte años. Brasil optó por no trampear el IPC nacional, sino incorporar un índice adicional, de tipo de mercado, donde las ponderaciones no tienen el sentido de representar familias, que es exactamente lo que yo propuse que hicieran en el INFORME NATALUCCI de 1985. En otras palabras: Que lo de la adaptación al Mercosur que le dijeron a MONDINO en documento público fue otra mentira más de la corporación, comprobada al cien por cien con documentos de validez innegable y de carácter contundente en documento público.

En la misma hoja se atribuyen la potestad para cambiar las ponderaciones de las variedades, y los lugares de compra, es decir que contrariamente a lo que afirman cuando dicen que utilizan la fórmula de Laspeyres (ponderaciones fijas) para que la serie tenga sentido, y acusan falsamente a la directora interina de IPC de hacer cambios que no respetan ese principio, vemos que eso es otra mentira de la corporación, ya que ellos mismos se atribuyen cambiar las variedades, sus ponderaciones, y los lugares de compra sin necesidad de una nueva metodología. En la otra hoja se ve nuevamente que se atribuyen a si mismos el derecho de cambiar las ponderaciones periódicamente: ”el ajuste periódico de las ponderaciones permite mantener actualizada la canasta”.

Conclusiones sobre el anexo documental:

1) No soy jurista, pero creo interpretar que la ley 17622 autoriza a difundir (y obviamente en consecuencia también a comunicarla a MORENO) la lista de comercios en los cuales el INDEC hace el seguimiento de los precios. Cito textualmente: “Quedan exceptuados del secreto estadístico los siguientes datos de registro: nombre y apellido, o razón social, domicilio y rama de actividad.“ El decreto 3110 no especifica restricciones a la excepción referida.

2) Mantener por parte de la corporación el secreto del listado es entonces ilegítimo, y permite a la corporación presentar precios más bajos o más altos que los precios verdaderos, según deseen favorecer o perjudicar a una administración de gobierno, a grupos inversores o especuladores, etc.

3) La interpretación de que un secretario de Comercio conociendo la lista de los comercios relevados podría tomar acciones para que esos comercios tengan precios más bajos que el resto de los comercios es arbitraria, ya que tiene como contraparte lógica el siguiente argumento: la lista de los comercios que participen de acuerdos de precios con la secretaría de Comercio debe ser secreta, porque de no serlo podría conocerla el director del INDEC y favorecer la captación de precios en esos comercios. (o evitarla).

4) Ha quedado demostrado con los documentos que acompaño que la disponibilidad o indisponibilidad para comunicar las ponderaciones y los precios al mayor nivel de desagregación de los artículos y servicios de consumo relevados ha sido utilizada por la corporación arbitrariamente, y que en distintos documentos públicos han mentido, ya que en algunos de esos documentos dicen que no se publican por economía, en otros documentos dicen que no se publican por secreto estadístico, y en otros documentos dicen que están disponibles para quien los solicite.

5) Los documentos permiten apreciar con toda contundencia que desde hace al menos veinte años en el INDEC se ha venido consolidando una corporación interna que implementó y amplió intencionalmente la distorsión plutocrática en el IPC, que asesoró erróneamente sobre metodologías a diferentes administraciones de gobierno, que sus integrantes no tienen la capacidad técnica que dicen tener, que han mentido repetidamente en documentos públicos, que han venido haciendo negocios ilegales, que provocaron repetidas crisis de pérdida de confiabilidad en el Instituto, que usan el secreto estadístico arbitrariamente y en su propio provecho, y que han venido buscando y consiguiendo acumular un poder que torna su accionar peligroso para las instituciones republicanas. Todo eso indica que se deberían cambiar en el INDEC los métodos de trabajo, de manera de que la labor de ese instituto resulte transparente y útil.

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